San Miguel (El Salvador), EFE.- Miembros de la Fuerza Armada de El Salvador negaron este martes por quinta vez que un juez de instrucción realizara una diligencia de inspección en archivos militares relacionados a la masacre de unos 1.000 salvadoreños en El Mozote (1981).
El juez Jorge Guzmán, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, llegó este martes a la instalación militar de la Tercera Brigada de Infantería del departamento de San Miguel, unos 138 kilómetros al este de la capital, para intentar inspeccionar los documentos pero se le comunicó que no podría ingresar.
“Quisiera que nos abra y nos permita entrar para dar cumplimiento a esta orden judicial de inspección”, dijo Guzmán pero un representante de la Tercera Brigada, detrás de un vidrio polarizado, respondió que no se podía ingresar.
En su intento por lograr ingresar a las instalaciones militares el juez explicó que la orden judicial es de obligatorio cumplimiento y que al negársela el acceso se estaría incumpliendo dicha orden.
Sin embargo, la posición del representante de la instalación militar no cambió y Guzmán se retiró.
Esta es la quinta vez que el Ejército bloquea las inspecciones para la búsqueda de documentos relacionados con la matanza, atribuida a un comando elite de la Fuerza Armada.
El juez Guzmán intentará el jueves acceder a los archivos que se encuentran en el Destacamento Militar Número 4 de Morazán (oriente), aunque es poco probable que éxito tomando en cuenta lo sucedido en las otras bases militares.
Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por esta matanza, considerada como la mayor masacre de civiles registrada en Latinoamérica en el siglo XX.
En el proceso, que se espera que sea elevado a juicio a finales del año, más de cuarenta personas han testificado, que estuvo cerrado por más de 20 años por una ley de amnistía y que tras su anulación en 2016 por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue reabierto.
BUKELE Y EL MINISTRO DE DEFENSA INCURREN EN DELITOS
David Morales, abogado de las víctimas, señaló a Efe que “cada vez que han bloqueado el acceso a inspecciones militares, tanto los responsables de las unidades militares como el presidente (Nayib) Bukele y el ministro (Rene) Merino Monroy incurren en los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial”.
Indicó que estas “acciones ilegales están afectando las investigaciones y ayudando al exministro de Defensa Guillermo García y a los demás responsables de la masacre a evadir la justicia, por lo tanto también están cometiendo el delito de encubrimiento”.
García fue deportado a El Salvador en enero de 2016 desde Estados Unidos, donde fue juzgado en 2012 por crímenes de guerra en el conflicto bélico salvadoreño en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.
“Las diligencias judiciales son perfectamente legales se iban a realizar sobre archivos históricos de hace más de 30 años, sobre información que está identificada en el juicio que existe (…) es imposible que en la inspección se hubiera confundido con archivos de seguridad de la actualidad, como dice el Gobierno”, agregó Morales.
