Infobae-.El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó una nueva legislación ante la espuria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) denominada ‘ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos’, con la que busca concentrar mucho más poder del que ya ejerce por la fuerza.
Sin embargo, la normativa ha generado una particular división entre los propios chavistas. Por un lado están los que apoyan la ley, mientras que por otra parte han salido quienes desconfían en otorgarle aún más atribuciones al dictador.
La Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad desde su origen, ya que no cumplió con los requisitos constitucionales para su conformación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 348, el presidente en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional y la sociedad civil, con la aprobación y recolección de firmas de un 15% de la población votante del país, puede convocar a dicha Constituyente y activarla, pero esto no se hizo.
No obstante, este poder había sido activado, según los chavistas, para redactar una nueva carta magna, lo cual no ocurrió. “La nueva Constitución que resulte del proceso Constituyente será llevada a referéndum consultivo para que el pueblo decida la aplicación o no”, prometió Maduro en 2017.
Pero en declaraciones de quien dirige ese organismo, Diosdado Cabello, ellos no estaban obligados a hacer una nueva constitución. “La ANC no presentará una nueva Constitución. Nos queda el tema del poder popular, las leyes constitucionales, esas leyes no van a referéndum; para cambiarlas tienes que convocar a una nueva Constituyente, porque están por encima de las leyes orgánicas porque las dictó una Constituyente. Antes del 31 de diciembre la ANC va a aprobar leyes para el pueblo”, dijo Cabello.
Esto a pesar de que el artículo 347 de la Constitución establece que el objetivo de una Constituyente es “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
Adicionalmente, Maduro aseguró que la ANC sería disuelta a finales de 2020, debido a que una vez realizadas las fraudulentas elecciones parlamentarias que pretende llevar a cabo el 6 de diciembre, la existencia del organismo simplemente ya no sería útil, con lo que confirma que la finalidad era anular el funcionamiento del poder legislativo de mayoría opositora.
Pero en vista del dramático deterioro al que han llevado al país y el saqueo descarado de todos los recursos de la nación, que se ha traducido en una crisis ya imposible de esconder, Maduro se vio obligado a reconocer que al régimen ya no le queda más plata y mostró unas cifras que hablan muy mal de su propia gestión. Sin embargo, una vez más culpó al “imperio norteamericano” por el fracaso de su modelo socialista.
No obstante, esas declaraciones no fueron ofrecidas sin tener una intención de fondo. Maduro lo que buscaba era excusarse en la aguda crisis, de la cual él es el único responsable, para pedir a la ANC que en el poco tiempo de vida que supuestamente le queda, le otorgue poderes especiales para, ahora si, “levantar la economía nacional”.
Pero si bien esta no es la primera vez que Maduro solicita poderes adicionales, en esta oportunidad ha causado tanta conmoción incluso dentro del propio chavismo. Entre quienes confían en que el dictador sabrá administrar las competencias que se le otorguen se expresó el número dos del régimen, Diosdado Cabello, quien le dijo a sus seguidores que “nuestro presidente ha pedido apoyo y la soberanísima ANC tiene la potestad de apoyarlo o no. En lo personal, confío plenamente en el presidente. No tengo ninguna duda de su condición como revolucionario. Estamos en una guerra, si no somos audaces nos lleva el río”.
Tal es el caso de María Alejandra Díaz Marín, quien dijo en el momento en que salvó su voto, que “ninguna emergencia legislativa puede ni debe estar por encima del principio inviolable, irrevocable e inderogable de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.
Recordó que solicitaron el proyecto por varias vías, a distintos miembros de la ANC, “hasta esta hora no hemos tenido acceso al mismo, desconociendo por tanto su contenido, lo cual cercena nuestro derecho a conocer de antemano leyes que serán sometidas a nuestra votación”.
Dijo Díaz Marín que salvó el voto (se abstuvo) “por diferir de estos mecanismos inadecuados y debido a que desconozco el fondo y contenido de la misma y si ésta colide o no, con nuestra Constitución vigente”.
Algunos de las temores se originan en el hecho de que, según Maduro, él necesita poderes para sortear las sanciones impuestas por una lista de varios países y que encabeza EEUU, por lo que a través de la legislación, tendrá la facultad de privatizar las empresas que se encuentran en manos del Estado. Esto no solo tiene una contradicción desde el punto de vista ideológico para los socialistas, sino que además, nadie sabe quiénes pasarían a administrar estos activos, porque obviamente no van a abrir un concurso público para que la ciudadanía pueda libremente tener participación en las empresas, sino que por el contrario, la propia ley, le da herramientas de confidencialidad para que Maduro se reserve las decisiones que tome sin la obligación de rendir cuentas al respecto.
La ley otorga carácter de “reservados, confidencial o de divulgación limitada” a cualquier “expediente, documento, información, hecho o circunstancia” que el dictador venezolano considere pertinente, prohibiendo así el acceso a toda “documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”.
Esto no solo pone en riesgo los activos de la nación, con los que el régimen busca hacer negocios y que muy probablemente pasarán a manos de empresas rusas, chinas e iraníes o incluso de testaferros, sino que además viola el derecho a la información.
“Aquí lo que se quiere es reprivatizar, como se hizo en Rusia, pero con nuevas élites y nuevos aliados” aseguró el abogado venezolano y constitucionalista, Juan Manuel Rafalli. “Ellos están buscando algo de apariencia de legalidad para hacer negocios sobre activos y actividades reservadas del Estado, bajo el paraguas de esta ley, y crear estas nuevas élites”, agregó.
“Ese texto tiene como objetivo que la cúpula del régimen pueda disponer de los bienes de todos los venezolanos sin control y en secreto, para beneficiar a testaferros y no para servirle a los intereses del pueblo de Venezuela”, dijo el ex presidente del parlamento venezolano, Omar Barboza.
Pero esto no es lo único grave, según el artículo 19 del texto, Maduro además tendrá el poder de “inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente” de ser necesario para “superar los obstáculos” o que lo limiten a cumplir sus cometidos, es decir, podrá actuar como un monarca absolutista que se salta las leyes que no les son convenientes, en otras palabras, muy al estilo del rey francés Luis XIV, Maduro será el Estado Todopoderoso.
En este punto se esgrimen varias de las ambigüedades entre los chavistas que aseguran que Maduro pasará a estar por encima de la constitución porque la ANC le da poderes supraconstitucionales y quienes se contradicen diciendo que esta ley está dentro del marco de la carta magna.
Aquellos chavistas que ya habían manifestado su intención de salvar su voto en contra de la ley, el régimen los dejó por fuera de la sesión plenaria, como fue el caso de Telémaco Figueroa (PSUV), a quien no le enviaron el vehículo que lo trasladaría desde el estado Sucre (costa oriental de Venezuela) hasta Caracas. No es casual que Cabello dijera después que la Ley se aprueba solo con los constituyentes presentes.
Es decir, los propios seguidores del régimen recibieron una dosis de censura y autoritarismo por parte de la directiva del PSUV, algo de lo que el resto del país ha venido padeciendo durante años.
Ahora bien, Venezuela hace ya varios años que dejó de ser una república, precisamente porque carece de institucionalidad, mientras que el poder se maneja al antojo y discreción de un grupo de familias.
“Con esto no van a lograr nada en relación con los efectos de las sanciones”, acotó Rafalli. Además ratificó que cualquier negociación o contrato que surja será considerado ilegal y desconocido por la legítima Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, quien además es reconocido como el presidente interino de Venezuela por casi 60 países.
La mayoría opositora del Parlamento de Venezuela desconoció la aprobación de la normativa que fue calificada como un “adefesio de ley” y advirtió que quien realice “acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos” como “asociación ilícita para delinquir” y “aprovechamiento de bienes provenientes del delito”, entre otros.
