San Salvador, EFE.- La Fiscalía de El Salvador congeló cuatro cuentas bancarias e intervino ocho inmuebles del exministro de la Defensa y de Seguridad David Munguía Payés, procesado por cargos de corrupción, informó la institución.
Las propiedades y cuentas intervenidas por el Ministerio Público ascienden a más de 1,4 millones de dólares y pasarán por un proceso de extinción de dominio.
“Las investigaciones establecen que Munguía Payés obtuvo los bienes producto de actividades ilícitas y de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el periodo de 2009 al 2018”, indicó la institución.
La fuente indicó que estos bienes serán administrados por el estatal Consejo Nacional de Administración de Bienes, mientras la Fiscalía inicia un proceso para que pasen a poder del Estado.
Payés, quien ocupó los referidos puestos durante los dos gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es procesado por supuestamente favorecer a las pandillas y el intercambio irregular de armas.
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión que, de acuerdo con datos del Gobierno, redujo los homicidios sensiblemente.
La reducción de la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba, según las acusaciones del Ministerio Público, un acuerdo con el Gobierno.
Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en estos sitios.
El expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.
No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua Munguía Payés declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de gobierno de “pacificación”.
Tras la ruptura de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en 2014, se dispararon a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y a 81 en 2016. Estos fueron los dos años más violentos en la historia reciente del país centroamericano.
