Japón cierra este año con dos nuevas ejecuciones que elevan el número realizado este año a 15 y a 36 el total desde que el actual gobierno del primer ministro Shinzo Abe tomó el poder en 2012.
El método empleado la mañana de este jueves fue el de ahorcamiento que se aplicó a dos convictos en la central ciudad de Osaka, la tercera del país asiático, aunque sus nombres y los delitos por los que fueron ejecutados no se dieron a conocer.
Las ejecuciones de este jueves siguen a las de 13 miembros del culto Verdad Suprema, entre ellos su líder Shoko Asahara, el pasado julio, por el atentado que cometieron con gas sarín en el metro de Tokio en 1995 con saldo de 13 muertos.
En Japón la Barra de Abogados y legisladores de diversos partidos políticos buscan los mecanismos para que esta sanción sea cambiada por el encarcelamiento de por vida.
Apenas a principios de este diciembre 50 legisladores establecieron un grupo para la discusión del futuro de la sanción, sin embargo aún se carece de avances concretos.
Los datos sobre la pena capital son imprecisos pues los gobiernos que la mantienen guardan en reserva la información ante el rechazo mundial.
Datos de Amnistia Internacional señalan que en 2017 China encabezó la lista de gobiernos que aplican la sanción letal con más de mil ejecuciones al menos.
Le siguieron con más de 507 Irán, Arabia Saudita (146), Irak (más de 125), Pakistán (más de 60), Egipto (más de 35), Somalia (24), Estados Unidos (23), Jordania (15) y Singapur (8).
