Quito, EFE.- El procurador general del Estado ecuatoriano, Iñigo Salvador, considera que tras la sentencia en firme contra Rafael Correa por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, “lo que corresponde es la extradición” para que cumpla su condena en el país.
El pasado lunes se conoció la última palabra de la Justicia ordinaria ecuatoriana que ratificaba la sentencia de ocho años de prisión, y otros tantos de inhabilitación política, para el expresidente, que figuraba entre una veintena de condenados en distinto grado por el mismo delito.
Radicado en Bélgica desde 2017, poco después de dejar el poder tras gobernar una década en Ecuador, Correa había sido requerido en 2018 por la Justicia ecuatoriana en otro caso, el del secuestro del opositor Fernando Balda.
Pero en aquella ocasión Interpol rechazó la solicitud de arresto con fines de extradición al considerar que “la retención de los datos no era compatible con su obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
En entrevista con Efe, Salvador recuerda que entonces se había emitido “una orden de difusión para que sea aprehendido a fin de que compareciera en el juicio del caso Balda”, pero que “ahora, estamos hablando de una sentencia ejecutoriada de un tribunal de justicia”.
En relación al proceso del plagio del activista político, el exjefe de la inteligencia ecuatoriana Pablo Romero sí fue aprehendido por las autoridades españolas tras ser ubicado por Interpol, y extraditado este año a Ecuador, donde en agosto pasado fue condenado a nueve años de cárcel por el delito de secuestro.
Aunque reconoce que los condenados aún tienen la posibilidad de solicitar protección a la Corte Constitucional o recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el proceso de ejecución de la condena seguirá su curso independientemente.
“Lo que corresponde es la extradición para que un delincuente cumpla su pena en el sistema de ejecución de penas ecuatoriano”, insiste Salvador, desde 2018 en un cargo con cuatro años de mandato.
NUEVOS TRAMITES DE SOLICITUD DE EXTRADICION
A quien corresponde iniciar el trámite es a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que “de Gobierno a Gobierno, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores” solicita a la Justicia belga la extradición del ciudadano ecuatoriano en ese país.
Precisa que Correa tiene derecho a hacerse oír ante la Justicia belga, que será la instancia que deba resolver si lo extradita.
La gestión de petición de la orden de difusión roja a Interpol -de búsqueda y captura- corre a cargo del Ministerio de Gobierno, que deberá cursar directamente a la organización policial internacional.
SITUACION PARTICULAR DE LOS CONDENADOS
Para el resto de condenados como parte de la misma trama se dan diferentes escenarios: los privados de libertad, los que están en paradero desconocido, los que se encuentran en sedes diplomáticas en Ecuador y los fugados de la Justicia en el extranjero.
En ese sentido, el procurador reconoce que “las circunstancias personales de todos estos personajes hacen muy difícil la ejecución de los actos de reparación”.
Entre ellos se encuentran el exvicepresidente Jorge Glas, que cumple una pena de prisión por el delito de asociación ilícita, y el ex secretario jurídico Alexis Mera, en arresto domiciliario y que tendrá que ser trasladado a prisión.
REPARACIONES AL ESTADO POR LOS SOBORNOS
El caso “Sobornos” versa sobre una red de corrupción mediante la cual se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet, entre 2012 y 2016, para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
Condenado como autor bajo la modalidad de instigación, Correa alega ser objeto de una persecución política para impedirle concurrir a los comicios de 2021 en su país, en los que aspiraba a la vicepresidencia en binomio con Andrés Arauz.
En total y de acuerdo al dictamen judicial, el Estado ecuatoriano debe recuperar 14,7 millones de dólares, que incorporan tanto daños materiales como inmateriales.
La resolución estableció además “fórmulas novísimas en la historia judicial del Ecuador”, resalta el defensor del Estado.
Como muestra, la colocación de una placa en el Palacio de Gobierno con un texto específico sobre la necesidad de transparencia e integridad de los funcionarios públicos, o que los condenados reciban 300 horas de capacitación en ética laica.
“A los únicos que se les puede forzar a hacerlo es a los detenidos por la Justicia ecuatoriana”, aclara el procurador.
Los sentenciados disponen de 30 días para cumplir las acciones reparatorias, caso contrario, la jueza de ejecución podría determinar una indemnización que reemplace esas acciones.
La sentencia estableció que cada uno de los autores debían reponer al estado más de 750.000 dólares, y los cómplices 328.000, algo difícil de ejecutar si el dinero se encuentra en paraísos fiscales.
Para ello, la Procuraduría General del Estado dispone de una unidad especializada que Salvador califica de “comando de recuperación de activos”, encargada de seguir una docena de casos emblemáticos.
“El caso Sobornos pasa a constituir prioridad uno dentro de esta lista”, zanja Salvador antes de vaticinar que en breve, “vamos a tener los primeros resultados en alguno de estos procesos”.
Daniela Brik
