La Procuraduría General de la República (PGR) informó este lunes que asumió la investigación de varios expedientes de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, entre los que se encuentran la denuncia contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) por supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
De acuerdo a un comunicado emitido por la PGR, incluye además el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación.
Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.
También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por presunto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, al solicitar a la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devolución de los expedientes señaló que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
“Esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente apoderado”, dice el auto.
Recordó que las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan. En ese contexto, reiteró que “realizar los procesos de investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley”.
La procuradora general había pedido a la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos Castillo, mediante oficio del 25 de agosto, una lista de los casos de corrupción que se encontraban en esa jurisdicción.
Luego otorgó un plazo de 48 horas para su remisión ante la Procuraduría General, en donde lo asumirá junto a un equipo de su gestión.
German Brito planteó que el Ministerio Público toma “todas las medidas necesarias” con el propósito de “garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana: perseguir con resultados eficientes los casos de corrupción”.
