Nueva York, EFE.-La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió este viernes a la Justicia de EE.UU. que emita un “fallo parcial expedito o una orden preliminar” en la demanda que presentó hace unas dos semanas para bloquear un memorando del presidente Donald Trump que busca excluir a los inmigrantes indocumentados del censo.
El 21 de julio, Trump anunció a través de un memorando su intención de excluir a los indocumentados del recuento, tras lo que una coalición de 21 fiscales generales y varias ciudades, condados y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda para evitar que su Administración “politice el censo y viole mandatos constitucionales”.
“Mientras el presidente Trump redobla su esfuerzo en las políticas anti inmigración por las que ha abogado desde su primera campaña, nuestras comunidades inmigrantes siguen pagando el precio”, dijo en un comunicado la fiscal James, que interpuso hoy una moción junto a New York Immigration Coalition para pedir celeridad en la resolución de la demanda y “evitar daños inmediatos”.
“Pese al intento constante de sembrar miedo y la xenofobia que hemos visto en la Casa Blanca, una cosa sigue siendo cierta: todo el mundo cuenta, por lo tanto todos deben ser contados, independientemente de su estado migratorio. No dudaremos en tomar toda acción disponible para asegurar que todas las comunidades están representadas en el Congreso y logran los fondos federales que necesitan y merecen”, agregó.
El conteo del censo, que se realiza cada diez años por mandato constitucional, determina la asignación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y el reparto de los recursos federales del presupuesto para escuelas, carreteras y otros servicios públicos.
Según el mandatario, permitir que los extranjeros sin papeles sean contados para esa atribución de escaños podría crear “incentivos perversos” como ofrecer una recompensa a estados que alienten la violación de las leyes migratorias.
La fiscal James argumentó en la moción que la decisión de Trump de excluir a millones de indocumentados de ser contados en el censo es “flagrantemente inconstitucional e ilegal”.
La acción de Trump “disuade a hogares inmigrantes de responder al conteo en curso para el censo 2020 cosechando confusión, desconfianza y miedo (…) respecto a las consecuencias de responder” a las preguntas, explicó, a lo que se suma el reciente anuncio de adelantar un mes la fecha de término del recuento.
Este año, el empadronamiento debía terminar en julio pero, debido a la pandemia de la COVID-19, la Oficina del Censo había extendido hasta el 31 de octubre el plazo para que sus funcionarios fueran puerta a puerta buscando completar el conteo, y se había ampliado hasta abril de 2021 el plazo para entregar los resultados al presidente.
La semana pasada el Gobierno de Trump indicó que el censo concluirá el 30 de septiembre y que se entreguen los resultados al 31 de diciembre cuando menos del 63 % de los hogares han respondido, lo que puede conducir a un “conteo inaceptable” en perjuicio de las minorías, según advirtieron expertos.
