La aplicación de la Ley contra el Odio en Venezuela ha entrado en una fase “intensa” en 2020, especialmente durante la pandemia, y el madurismo la ha utilizado para censurar las redes sociales e incluso la mensajería directa de los ciudadanos, advierten expertos en derecho, periodismo y libre expresión.
La Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y rechazada por la oposición, aprobó en noviembre de 2017 una normativa que establece multas, sanciones y penas de hasta 20 años de cárcel a quien promueva o cometa “delitos de odio” con sus mensajes en radio, televisión o redes sociales.
El texto es conocido formalmente como la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Propuesta por el mismo presidente en disputa Nicolás Maduro después de meses de violentas protestas de calle en contra de su administración, contempla el cierre de medios de comunicación y la ilegalización de partidos políticos.
Espacio Público, una organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de prensa y libre expresión en Venezuela, ha registrado 21 detenciones por presunta “instigación al odio” entre el 1 de enero y el 20 de julio. Es un promedio de entre tres y cuatro expedientes por mes.
Uno de los arrestos más notorios es el de Nicmer Evans, psicólogo social, exchavista y director del medio Punto de Corte, detenido en su residencia el pasado 14 de julio. También, es el caso del periodista Darvinson Rojas, arrestado en marzo con imputaciones fundamentadas en la Ley contra el Odio.
En abril, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a Elio Mendoza, supervisor en Planta de Pella de la Siderúrgica del Orinoco, horas después de haber reenviado un mensaje donde se acusaba al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, de liderar una red de corrupción.
Días después, uniformados del mismo organismo arrestaron en Carora, estado Lara, al médico ginecobstetra Luis Araya por haber incluido un meme de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en sus publicaciones de WhatsApp.
Carlos Correa, director de Espacio Público, certifica el incremento de su mención en acusaciones penales a periodistas, sindicalistas y médicos en tribunales de diferentes regiones del país. Sus comentarios o reportes sobre la COVID-19 y la escasez de gasolina son las razones más comunes.
“Este año, se ha empezado a aplicar de manera muy intensa contra todo formato de expresiones, como mensajes por WhatsApp, en redes sociales, especialmente Twitter. Hay un incremento del uso de esa norma para castigar delitos de expresión o de opinión”, dijo Correa a la Voz de América.
Al servicio del poder
Tan temprano como diciembre de 2017, un juez venezolano esgrimió la Ley contra el Odio para obligar a cinco ciudadanos que increparon públicamente al moderador del programa televisivo prooficialista Zurda Konducta a dictar charlas sobre la normativa tres veces al mes durante 180 días.
El mismo Maduro ha pedido en público su aplicación contra sacerdotes de la iglesia Católica, como el obispo de San Felipe, Víctor Hugo Basabe, por haber denunciado a la corrupción de la casta política venezolana como una “peste”.
El Comité de Protección a Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, advirtió de las limitaciones que impone la ley para informar y comentar eventos políticos. Joel Simon, su director ejecutivo, dijo en Nueva York el año pasado que el gobierno incrementa la censura empleando el lenguaje de la tolerancia.
En un evento de las Naciones Unidas, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó en septiembre pasado a Nicolás Maduro de utilizar la ley para perseguir a sus disidentes.
La Ley contra el Odio se vale de la imprecisión y la generalidad de sus contenidos para “construir miedo”, explica Correa, quien acota que fiscales y jueces no la aplicaron demasiado en los primeros meses tras su aprobación.
“Es una ley vaga. El odio es un sentimiento de naturaleza moral. No puedes aplicar sanciones sobre esto y se aplica descrita de manera genérica, permite la discrecionalidad de su aplicación”, apunta.
Los juristas de libre criterio en Venezuela no consideran que el texto aprobado en 2017 por la Asamblea Nacional Constitucional sea “en estricto sentido” una ley, afirma Gonzalo Himiob, abogado y directivo del Foro Penal, una organización no gubernamental que defiende a los presos políticos del país.
“La ANC no tiene competencia para promulgar leyes penales, que por orden constitucional están reservadas solo para el Poder Legislativo”, dice a la VOA.
A su juicio, la Ley contra el Odio es un instrumento del poder político nacional para justificar sus excesos represivos. Le preocupa cuánto ha servido para limitar severamente la libertad de expresión en Venezuela en los últimos años.
“Es una muestra más de cómo pueden tergiversarse las normas para ponerlas al servicio de un proyecto político, no al servicio de la ciudadanía. Busca limitar cualquier expresión crítica o disidente, lo cual es contrario a la más elemental democracia”, asevera Himiob, quien confiesa haber notado un aumento de su aplicación desde el decreto de Estado de Alarma de Maduro, en marzo pasado.
Correa, de Espacio Público, opina que la mayor defensa contra esa ley es el ejercicio responsable del oficio periodístico y el fortalecimiento de espacios de solidaridad y protección de los profesionales de la comunicación en el país.
“Hay que tratar de vencer el miedo y hacerlo juntos”, aconseja.
Fuente: VOA
