La pandemia ha provocado una crisis en Tailandia, que ha afectado el ámbito político, con el primer ministro Prayuth Chan-ocha retrasando una reorganización necesaria del gabinete y extendiendo un estado de emergencia.
Los analistas dicen que la reorganización aplazada ha colocado al gobierno en el limbo político. El ejército, que llegó al poder en un golpe de estado de 2014, gobierna Tailandia con una coalición de partidos. Uno de ellos, el Partido Palang Pracharath, vio renunciar a 18 miembros la semana pasada después de un cisma sobre cómo Tailandia está respondiendo a COVID-19.
Las renuncias obligan a una elección dentro del partido, que a su vez podría cambiar qué miembros del partido forman parte del gabinete ejecutivo.
A pesar de la incertidumbre política, Prayuth, un general militar, tiene un mayor control sobre el poder.
Ha extendido un decreto de emergencia hasta el 30 de junio, que el estado ha invocado para arrestar a los manifestantes, hostigar a periodistas y denunciantes que informan información desfavorable e intimidar a los trabajadores de salud que se quejan de la escasez de suministros médicos que tanto necesitan.
El gobierno dice que las medidas son necesarias para combatir el virus.
“El decreto de emergencia otorga a las autoridades tailandesas poderes sin control para suprimir las libertades fundamentales con cero responsabilidad”, dijo Brad Adams, director de Asia de Human Rights Watch.
El control más estricto sigue un patrón en todo el mundo. Los gobiernos centrales han usado el virus como una razón para adquirir poderes de emergencia, desde las tropas desplegadas en las calles de Chile hasta las cámaras de la ciudad que Rusia ha utilizado para monitorear a los ciudadanos.
