Brasilia, EFE.- El magistrado Celso de Mello, decano del Supremo de Brasil, dio este jueves un plazo de cinco días para que el exministro Sergio Moro declare ante la Policía Federal sobre las “presiones” que dijo haber recibido del presidente Jair Bolsonaro, informó el propio tribunal.
Moro presentó sus denuncias al momento de anunciar su renuncia al Ministerio de Justicia, hace ahora una semana, cuando sugirió que Bolsonaro presionaba para “interferir políticamente” en la Policía Federal, que investiga a dos de sus hijos.
De hecho, la dimisión de Moro fue motivada por la decisión de Bolsonaro de cesar al hasta entonces director de la Policía Federal Mauricio Valeixo, un hombre de la plena confianza del exministro.
Las declaraciones de Moro llevaron a la Fiscalía General a pedir al Supremo que autorice una investigación sobre el asunto, avalada por el magistrado Celso de Mello.
La investigación será conducida por la Fiscalía General, pero la Policía Federal actuará como brazo ejecutivo y será responsable por las pesquisas e interrogatorios necesarios, como en el caso de Moro.
Según la Fiscalía, de la declaración dada por Moro al renunciar, se desprende que Bolsonaro pudo incurrir en delitos de carácter penal, como obstrucción a la justicia y falsedad ideológica en documento público, entre otros.
Si hubiera indicios suficientes, la Fiscalía pudiera presentar una denuncia contra Bolsonaro ante el Supremo, que sólo le podría dar curso con el aval de una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados (342 de un total de 513).
Si esa mayoría fuera alcanzada, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días, que sería el plazo del Supremo para realizar el juicio, y en caso de ser declarado culpable sería destituido y le sucedería en el poder el vicepresidente, Hamilton Mourao.
Moro, antiguo juez que dirigió la operación anticorrupción Lava Jato y llevó a prisión a reconocidos empresarios y políticos, como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue ministro de Justicia desde que el 1 de enero de 2019, cuando Bolsonaro asumió el poder.
Anunció su dimisión en un pronunciamiento en el que aseguró que el mandatario pretendía tener acceso a algunos procesos en curso en los tribunales y dio a entender que también se proponía “interferir políticamente” en la Policía Federal.
Tras la renuncia de Moro, Bolsonaro nombró como nuevo director de la Policía Federal al comisario Alexandre Ramagem, amigo de su familia y en especial de dos de sus hijos: el senador Flavio y el concejal de Río de Janeiro Carlos, ambos investigados por ese mismo órgano policial por diversas irregularidades.
El nombramiento, sin embargo, fue anulado por el juez Alexandre de Moraes, también del Supremo, debido a esa proximidad de Ramagem con el llamado “clan Bolsonaro”.
UNA TREINTENA DE PEDIDOS DE DESTITUCIÓN ESPERAN EN EL CONGRESO
Además de esa investigación, Bolsonaro enfrenta una treintena de pedidos de juicio político con miras a su posible destitución, que han sido presentados por ciudadanos, partidos y movimientos políticos ante la Cámara de Diputados.
Uno fue entregado esta semana por el Movimiento Brasil Libre y se apoya en las denuncias de Moro, que según ese colectivo conservador sugieren que Bolsonaro incurrió en lo que la Constitución califica de “crímenes de responsabilidad”, que incluyen desde delitos penales hasta faltas administrativas.
Otros acusan al gobernante de “omisión” frente a la pandemia de COVID-19, que Bolsonaro llegó a calificar de “gripecita”, y algunos sostienen que el gobernante violó la Constitución al asistir a unos actos organizados por sus seguidores, que pedían “el cierre” del Parlamento y la Corte Suprema.
La responsabilidad de dar curso o negar esos pedidos la tiene el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, quien esta semana dijo que cada uno será analizado “con calma” y “sin prisa”, aunque dijo que el Parlamento está centrado en el combate al coronavirus, que ya ha causado 5.900 muertes en el país.
