La Procuraduría Especializada de Medio Ambiente arrestó a un hombre al que le confiscaron varias aves y animales durante un allanamiento practicado en su finca la provincia Santiago Rodríguez.
Mediante un comunicado de prensa, la procuraduría informó que solicitarán medida de coerción para Silvio Gerónimo Alcántara Liberato, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la referida demarcación.
Afirman que fueron confiscados un total de 58 animales.
Durante el allanamiento, realizado mediante orden judicial los miembros del Ministerio de Medio Ambiente, Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana y del Servicio Nacional de Protección Ambiental, confiscaron una leona, dos jaulas, una con doce patos y otra con 10 patos mandarín.
Igualmente, un tucán, un cuervo, un mono tití mano roja, 12 perdices, 9 codornices adultas y 6 pichones, además de un perro pug, una cacatúa, dos caballos ponis y una grulla muerta.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación a las disposiciones contenidas en el artículo 174, 175 numeral 1, 175 numeral 3 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como de violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Dominicana.
También de violación a los artículos 1,3, 5 y 7, 13, 20 del Decreto 1288-04 que aprueba el reglamento para el Comercio de Fauna y Flora Silvestre creado en virtud y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que es un acuerdo internacional entre gobiernos que tiene el objetivo de garantizar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia.
El comunicado destaca que dentro del plan de trabajo implementado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para enfrentar los delitos, están procurando enfrentar con mayor drasticidad y efectividad los delitos cometidos contra el medio ambiente, la flora y la fauna, aplicando estrategias concretas para procurar que todo acto ilícito que constituya una violación a las leyes medioambientales reciban la sanción correspondiente.
