Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, afirmó que los riesgos de corrupción aumentan en los períodos de emergencia en países como la República Dominicana.
Su opinión fue externada luego de un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional (TI) presentó este jueves un análisis sobre los riesgos de corrupción e identificado las estrategias preventivas claves, para asegurar que las compras y contrataciones en período de emergencia que realizan los Estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia del virus COVID-19, cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.
“Los representantes de capítulos nacionales de Transparencia Internacional en América Latina, determinaron que la corrupción en emergencias aumenta el impacto hacia la sociedad, estamos en alerta para prevenirla. El llamado a la transparencia en las compras y contrataciones públicas es la solución para prevenir que su mal uso cueste vidas y es la prevención para actuaciones delictivas”, indicaron.
En tal sentido recomiendan: máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia.
Activación de las agencias nacionales antimonopolio para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios.
Activar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia.
Concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en este tema o generando identificadores en las plataformas electrónicas de contratación pública.
Plantea que la emergencia no es justificación para evitar una apropiada rendición de cuentas.
Los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional insistieron en que los riesgos de captura del Estado se manifiesten y profundicen para la apropiación de los recursos públicos por grupos de intereses políticos o económicos, y afirmaron que la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región.
“Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios. Después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete y daña la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población, es la opacidad y la corrupción”, expresaron.
