La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso en un alegato de unas tres horas su argumentación y señaló que la audiencia, que se prolonga cerca de dos semanas, “demostró la existencia de una estructura de captación de dinero irregular, liderada por el expresidente Rafael C.”.
El delito está tipificado en el Código Penal ecuatoriano con una pena de 3 a 5 años si es un servidor público el que ejecuta el acto.
Así lo indica un comunicado del órgano fiscal que da cuenta de la exposición de Salazar, que prosigue afirmando que “se evidenció la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia del delito”.
A la luz de ese antecedente, la fiscal solicitó al tribunal de la Corte Nacional, donde se ventila el caso, que los procesados “sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas”.
En paralelo, solicitó una reparación integral de 1,13 millones de dólares, que corresponde a la suma de todos los contratos señalados dentro de la trama-, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.
La Fiscalía aseguró que con las evidencias expuestas, se probó que “existieron niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito”, y que la “estructura delictiva” recaudó 7,57 millones de dólares, de los que 6,5 fueron posibles mediante el cruce de facturas y poco más de un millón en efectivo.
Salazar acusó “como autor mediato al expresidente” Correa, por “tener el dominio de la organización, el poder absoluto sobre la estructura y ser beneficiario de los sobornos”.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado, como acusación particular, solicitó una reparación integral para el Estado de más de 23 millones de dólares, el triple del monto determinado por los sobornos, así como disculpas públicas por parte de los procesados y el reconocimiento de estos hechos en medios de comunicación.
El procurador General del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, en su alegato final, explicó “cómo funcionaba la estructura delincuencial manejada por la cúpula del gobierno de Correa y pidió una reparación por 23,025 millones de dólares, más el monto de los contratos firmados con las empresas involucradas”, reza un comunicado.
Salvador concluyó con un llamamiento al tribunal para que afronte “esta histórica coyuntura” y proceda a “aislar y erradicar a esos agentes corruptores”, a la par que pidió una sentencia “ejemplarizadora para los corruptos de todos los tiempos”.
