Por Kirk Semple
CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno mexicano va rumbo a incrementar drásticamente el número de extradiciones de presuntos delincuentes hacia Estados Unidos este año, debido a la presión del gobierno de Trump para que México intensifique su lucha contra el crimen organizado.
No ha terminado febrero y el gobierno ya ha extraditado a unos 30 sospechosos a Estados Unidos, una marcada aceleración de las extradiciones en comparación con el ritmo más pausado de los últimos años. En todo 2019, 58 sospechosos fueron extraditados a Estados Unidos, según la Fiscalía General de la República. En 2018, se extraditaron 69 y en 2017, se enviaron 57.
El creciente número de extradiciones en los primeros meses de 2020 sucede en un momento en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018, ha tenido dificultades para demostrar el progreso de los esfuerzos de su gobierno para frenar a los grupos del crimen organizado y la violencia que generan.
Los funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos se negaron a responder preguntas sobre las razones tras el marcado aumento en las extradiciones que se ha experimentado este año.
En 2019, sucedieron más de 34.500 asesinatos en México, la cifra más alta desde que el gobierno empezó a registrar esos datos a finales de los años noventa. La corrupción sigue rampante y el Estado de derecho está debilitado. Los criminales operan con casi total impunidad pese a una importante reforma del sistema judicial.
Varios actos de violencia recientes y notorios han evidenciado la gravedad de la situación de seguridad de la nación, y le ha costado apoyo público al gobierno de López Obrador, además de generar preocupación entre los funcionarios de Estados Unidos.
En octubre de 2019, hombres armados del Cártel de Sinaloa paralizaron Culiacán, una ciudad importante de México, y obligaron a que el gobierno liberara a un hijo del líder narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “el Chapo”, quien se encuentra preso en Estados Unidos.
El mes siguiente, tres mujeres y seis de sus hijos, todos con doble ciudadanía mexicana y estadounidense, fueron asesinados en una emboscada al norte de México por presuntos integrantes de una banda criminal que tiene el dominio de varios sectores de la región fronteriza del norte.
Luego de ese ataque, Trump afirmó en Twitter que había llegado el momento de que “Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre la GUERRA contra los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.
Varias semanas después, Trump afirmó que planeaba designar a los grupos narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, debido al alto número de estadounidenses asesinados por sus actividades.
Al final, Trump dio marcha atrás a la amenaza, tras las vehementes reacciones de los funcionarios mexicanos, quienes sugirieron que esa designación podría desafiar la soberanía de su nación y poner en peligro las relaciones bilaterales. Los analistas interpretaron la amenaza del presidente estadounidense como una manera de obligar al gobierno mexicano a fortalecer su lucha contra los grupos criminales armados y la corrupción que los apoya.
Desde la amenaza, Trump ha enviado dos veces a Ciudad de México al fiscal general, William Barr, para reuniones bilaterales con las autoridades mexicanas.
A principios de diciembre, Barr se reunió con López Obrador, con el fiscal general de México Alejandro Gertz Manero, y con otros funcionarios para discutir la violencia pandillera, la corrupción migratoria y el tráfico de drogas, armas e inmigrantes. Se comprometieron a trabajar más de cerca para procesar a integrantes de las bandas transnacionales que controlan el tráfico de drogas ilegales de México.
Barr regresó a Ciudad de México el mes pasado y enfocó sus reuniones en los esfuerzos bilaterales para combatir a las organizaciones criminales, así como el tráfico de drogas y armas.
México parece haber acelerado las extradiciones poco después de la visita de Barr en diciembre. En las últimas dos semanas de 2019, ocho sospechosos fueron enviados a enfrentar cargos, seguidos de otros 30 durante las primeras ocho semanas de 2020, de acuerdo con la Fiscalía General de la República de México.
A los funcionarios estadounidenses les preocupa especialmente el hecho de que gran parte de la metanfetamina ilegal consumida en Estados Unidos se fabrica en México y se pasa de contrabando a través de la frontera. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) ha incrementado sus esfuerzos para atacar a los cárteles mexicanos que controlan las principales redes de narcotráfico y que inundan Estados Unidos con metanfetamina y otras drogas.
Alejandro Hope, analista de seguridad radicado en Ciudad de México, afirmó que el fentanilo, un potente opiáceo sintético, también era un motivo creciente de preocupación en las relaciones entre Estados Unidos y México. Las autoridades han descubierto recientemente grandes laboratorios de fentanilo en México, lo que quizá haya alarmado a los funcionarios de Estados Unidos por el hecho de que México pueda remplazar en poco tiempo a China como una fuente de fentanilo fabricado ilegalmente, afirmó Hope.
“Mi teoría es que están muy preocupados por el fentanilo y eso es lo que ha aumentado la presión”, afirmó.
Los gobiernos estadounidenses, preocupados por las debilidades del sistema judicial mexicano, han insistido con frecuencia que se extraditen los presuntos delincuentes.
En ocasiones, las autoridades mexicanas se han mostrado renuentes a cumplir con estas peticiones, con argumentos sobre la soberanía nacional o el deseo de ver al sospechoso procesado y encarcelado en México.
Luego de que Guzmán, el exlíder del Cártel de Sinaloa, fue capturado en 2014, tras su escape de una prisión de máxima seguridad, el entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, sugirió que se opondría a una petición de extradición de Estados Unidos.
“‘El Chapo’ se tiene que quedar aquí para cumplir su condena y después lo extradito”, le dijo a The Associated Press en 2015. “Unos 300, 400 años después, falta mucho”.
Murillo Karam también quiso disipar las inquietudes de que Guzmán pudiera escapar una segunda vez. Ese riesgo, afirmó, “no existe”.
Pero ese mismo año, Guzmán se escapó nuevamente, a través de un túnel que lo condujo desde su celda a la libertad.
El jefe del Cártel de Sinaloa fue recapturado tiempo después y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a cadena perpetua.
Miembros de una patrulla militar en Culiacán, México, el 19 de octubre de 2019, luego de que el Cártel de Sinaloa obligara al gobierno a liberar al hijo de “el Chapo”. (César Rodríguez/The New York Times).
