WASHINGTON — Desde que comenzó el juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, sus abogados han hecho cada vez más énfasis en un sorprendente argumento: incluso si abusó de sus poderes con el propósito de presionar a Ucrania para que interfiriera en su favor en las elecciones de 2020, no importa, porque la Cámara de Representantes nunca lo acusó de cometer un delito ordinario.
Este argumento ha generado un debate muy generalizado, pues refuta la opinión consensuada de los académicos de que el proceso de destitución existe para remover a funcionarios que abusan de su poder. La frase “altos crímenes y delitos menores” define una violación grave de alguna responsabilidad pública que no tiene por qué ser también un delito ordinario, explicó Frank O. Bowman III, profesor de Derecho de la Universidad de Misuri y autor de un libro reciente sobre el tema.
“Este argumento es una interpretación constitucional absurda”, señaló Bowman. “El consenso casi universal (en el Reino Unido, en las colonias, en los estados de Estados Unidos entre 1776 y 1787, en la Convención Constitucional y desde entonces en adelante) ha sido que no se requiere ninguna conducta criminal para celebrar un juicio político”.
Claro que el argumento es conveniente en lo político para Trump. Para los senadores republicanos moderados que quizá no estén muy contentos con lo que demuestran los hechos acerca de su campaña de presión sobre Ucrania, es una teoría que les da a otro razonamiento para exonerar al presidente.
De hecho, si fuera cierto, entonces tampoco habría motivos para escuchar a testigos como John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, porque lo que saben tanto él como otros sobre las motivaciones e intenciones de Trump en su trato con Ucrania no afectaría el resultado del juicio.
El equipo legal de Donald Trump insistió en ese argumento en las 110 páginas del documento presentado al Senado el 20 de enero. “La recién inventada teoría de los demócratas de la Cámara de Representantes sobre el ‘abuso de poder’ se desmiente desde un principio porque no se fundamenta en ninguna contravención a las leyes”, escribieron los abogados del presidente.
Muchos expertos en Derecho afirman que los senadores no deberían tomar en serio tal argumento. Entre otras cosas, hacen notar que existen pruebas de que desde hace siglos, antes de la Revolución de Estados Unidos, el Parlamento británico impugnaba a sus funcionarios por “altos crímenes y delitos menores” que constituían abusos de poder sin ser delitos procesables. Los constituyentes se basaron en este patrón para formular el texto de la Constitución, que hace eco de ese concepto.
Algunos expertos hicieron énfasis en otros acontecimientos de gran importancia. En 1788, cuando los promotores de la Constitución intentaban convencer a los estados de ratificar el documento, Alexander Hamilton describió la conducta impugnable en uno de los artículos de los Federalist Papers como “aquellas infracciones que se derivan de la mala conducta de los servidores públicos o, en otras palabras, el abuso o la violación de una responsabilidad pública” e infracciones “políticas” que lastiman a la sociedad.
Hamilton también escribió que una diferencia entre los juicios políticos y los ordinarios es que los fiscales y los jueces no están tan limitados “para delinear la infracción”.
Los críticos de la teoría del equipo de Trump también han resaltado que cuando se redactó la Constitución no se había consignado por escrito casi ninguna ley federal en materia penal. Además, en un principio varios procedimientos de destitución, como por ejemplo uno promovido contra un juez que se embriagaba mientras presidía casos, no involucraron transgresiones que fueran procesables.
“Es muy claro que no es necesario ni suficiente cometer un delito para que un acto sea fundamento para un juicio político”, comentó John Mikhail, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown. En su opinión, el argumento del equipo legal de Trump no solo está equivocado, sino que ni siquiera merece que lo tomen en serio.
No obstante, Alan Dershowitz, uno de los principales defensores de la teoría, difiere de esa postura. Este profesor emérito de la Escuela de Derecho de Harvard y reconocido abogado defensor en el ámbito penal se incorporó al equipo legal de Donald Trump y en este momento prepara una presentación sobre la idea que, según dice, planea plantear frente al Senado el 24 de enero.
Entre otras cosas, Dershowitz afirmó en una entrevista que, según su interpretación, Hamilton no quiere decir que cualquier violación de la responsabilidad pública es sujeto de juicio político, sino que solo los delitos que además constituyen violaciones de la responsabilidad pública cumplen el requisito necesario.
También indicó que en la época en que se ratificó la Constitución sí había algunos delitos definidos en el derecho consuetudinario, y que los constituyentes esperaban que el Congreso promulgara en algún momento legislación penal para utilizarla como base en los casos de juicio político.
Dershowitz añadió que su intención es modelar su presentación con base en un argumento expuesto en1868, durante el juicio político del presidente Andrew Johnson, por su principal abogado defensor, Benjamin Robbins Curtis, antiguo juez auxiliar de la Corte Suprema.
Johnson se salvó de ser condenado y destituido porque faltó un voto para llegar a la supermayoría necesaria. Curtis argumentó que no se acusaba a Johnson de haber cometido un delito legítimo, por lo que destituirlo con un voto faltante trastocaría la estructura constitucional y convertiría al juicio político en una herramienta rutinaria de lucha política.
En contraste, otros académicos, como Laurence Tribe, especialista en la Constitución de la Escuela de Derecho de Harvard y un franco crítico de Trump, han sostenido que Dershowitz malinterpreta y analiza de más este aspecto del juicio de Johnson, en especial si se considera el contexto de otras pruebas sobre la interpretación original de “altos crímenes y delitos menores” y el conjunto de factores que influyeron para que Johnson fuera exonerado por un margen mínimo.
En un artículo de opinión del Washington Post, Tribe acusó al equipo legal de Trump de emplear “argumentos legales falaces para confundir al público estadounidense o a los senadores encargados de determinar su destino”.
Desde una perspectiva, el argumento quizá ni siquiera importe. Bowman recalcó que, si bien el cargo presentado por la Cámara de Representantes no se refiere a ningún ordenamiento jurídico penal, la conducta descrita en el cargo de abuso de poder “claramente se basa” en el delito de pedir un soborno.
(La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno también concluyó que la decisión del gobierno de Donald Trump de congelar un paquete de ayuda militar para Ucrania aprobado por el Congreso era equivalente al embargo ilícito de fondos, pero no existen multas en el ámbito penal asociadas con la contravención de esa ley).
Por su parte, Dershowitz aseveró que si la Cámara de Representantes tiene las pruebas y los votos para acusar a Donald Trump de coima, debía hacerlo explícitamente.
“Mi argumento será muy serio y con fundamentos académicos sólidos”, dijo Dershowitz. “Al Senado le corresponde considerar el hecho de que otros académicos no concuerden. Existe división porque la mayoría de los expertos no están de acuerdo conmigo. Creo que están equivocados”.
Con todo, Mikhail considera que Dershowitz y el equipo legal de Trump están equivocados, e hizo especial énfasis en que varios senadores de ambos partidos cursaron Derecho o tienen conocimientos amplios de esta materia por otros motivos.
“Se trata de gente muy inteligente y conocedora de temas jurídicos”, dijo. “Comprenden las leyes. Sin duda, pueden ver más allá de cualquier treta o truco diseñado para distraerlos y hacerlos errar”.
El presidente Donald Trump saluda desde el Air Force One en el aeropuerto de Austin, Texas, donde dirigió un discurso durante la Convención de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas el 19 de enero de 2020. (T. J. Kirkpatrick/The New York Times)
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