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Trump niega firmar decreto para deportar venezolanos con ley de 1798

Trump elimina el Parole

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes haber firmado el decreto que invocó una ley de 1798 para deportar a presuntos pandilleros venezolanos pertenecientes al Tren de Aragua, quienes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad en El Salvador.

La aclaración de Trump se produjo tras las críticas del juez James Boasberg, quien calificó como “increíblemente problemáticas” las repercusiones de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, normalmente reservada para situaciones de guerra declarada.

El decreto fechado el 14 de marzo fue divulgado por la Casa Blanca al día siguiente, coincidiendo con la deportación de 238 venezolanos. Sin embargo, Trump afirmó: “No sé cuándo se firmó porque yo no lo firmé. Otras personas se encargaron”, deslindando su responsabilidad directa. También atribuyó la iniciativa al senador Marco Rubio.

Suspensión de expulsiones y críticas judiciales

El juez Boasberg suspendió la medida hasta fin de mes y cuestionó la celeridad de las deportaciones, insinuando que se buscaba evitar demandas legales. Además, señaló la falta de garantías para quienes no son miembros del Tren de Aragua ni venezolanos.

El abogado de ACLU, Lee Gelernt, exigió el derecho a impugnar la pertenencia a la pandilla, advirtiendo sobre el uso “extensivo y sin precedentes” de esta ley.

Declaraciones de Trump y reacción oficial

Trump defendió la deportación: “Eso es lo que dice la ley y lo que este país necesita“, afirmó en el Despacho Oval. Alegó que los deportados eran “criminales” que pasaron por una investigación rigurosa y que el proceso continuará en El Salvador.

La administración Trump acusó al gobierno de Nicolás Maduro de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos. No obstante, un informe de inteligencia matiza dicha afirmación, según The New York Times, que cita fuentes anónimas.

El Departamento de Justicia anunció una investigación criminal por la filtración de información que considera falsa y clasificada, e insistió en que la aplicación de la ley de 1798 está “basada en hechos, derecho y sentido común”.

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