La Fiscalía de Ecuador formalizó el viernes su acusación contra el ex vicepresidente Jorge Glas y otras ocho personas por malversación de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. Este terremoto, de magnitud 7.8, causó más de 670 muertos y enormes daños materiales en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Entre los acusados están Boris Córdova y el ex ministro de Obras Públicas, Walter Solís, quien actualmente vive en México bajo protección diplomática. Según la Fiscalía, el dinero recaudado a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que incluyó un aumento del 2% en el IVA y permitió recaudar más de 1.600 millones de dólares, fue usado para proyectos que no cumplían con los criterios de necesidad, urgencia e inmediatez.
La acusación sostiene que 584 proyectos fueron priorizados, con un costo total de 367 millones de dólares, pero algunos no tenían relación con la reconstrucción y fueron asignados a contratistas y fiscalizadores en un supuesto abuso de los recursos públicos. Jorge Glas, quien fue vicepresidente durante la administración de Rafael Correa, enfrenta esta nueva acusación mientras cumple una condena de ocho años de prisión por corrupción en casos anteriores.
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Glas, que se encuentra recluido en la cárcel La Roca de Ecuador, fue arrestado en abril de 2024 tras un asalto policial a la Embajada de México en Quito, donde se había refugiado desde diciembre de 2023. Esto generó una crisis diplomática entre Ecuador y México, con acusaciones mutuas sobre violaciones al derecho internacional.
El ex vicepresidente ha rechazado las acusaciones, alegando ser víctima de un caso de “lawfare”, es decir, el uso del sistema judicial con fines políticos.
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El terremoto de abril de 2016 dejó una enorme devastación en la costa ecuatoriana, lo que llevó al Gobierno de Ecuador a crear el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, encabezado por Jorge Glas.
Según la Fiscalía, los acusados habrían participado en la asignación irregular de fondos para proyectos que ya estaban planificados antes del terremoto, financiados con el dinero recaudado por la Ley de Solidaridad.
Infobae
Por: Itzel Olivo
