El expresidente filipino, Rodrigo Duterte, hizo su primera aparición ante la Corte Penal Internacional (CPI) la semana pasada, donde confirmó su identidad y fecha de nacimiento con dificultades, visiblemente cansado y con voz débil.
Durante la audiencia, que se celebró por videoconferencia desde el Centro de Detención de la CPI, el expresidente de Filipinas fue acompañado por su abogado, Salvador Medialdea, quien denunció que la extradición de Duterte a La Haya fue un “secuestrado” desde su propio país y una “entrega extrajudicial”.
A pesar de estar en condiciones visibles de salud deteriorada, Duterte fue autorizado por la CPI para no estar presente físicamente en el tribunal, tras el largo viaje que había realizado. La audiencia se desarrolló de manera lenta, con el expresidente teniendo dificultades para sostener su cabeza y participar en el proceso.
El abogado Medialdea insistió en que Duterte no estaba en condiciones de aportar nada en ese momento, aunque los médicos del Centro de Detención aseguraron que el expresidente estaba lo suficientemente estable para participar.
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Medialdea también afirmó que la extradición de Duterte fue una maniobra política, vinculando la entrega extrajudicial con un “ajuste de cuentas políticas” en Filipinas. El abogado denunció que el exmandatario fue trasladado a un hospital en Países Bajos tras su llegada el miércoles y que no tuvo tiempo suficiente para reunirse con su cliente antes de la audiencia, pues solo le permitieron una reunión de menos de una hora.
En la audiencia, la jueza presidenta le leyó a Duterte un resumen de sus derechos, lo cual incluye el derecho a un intérprete, a preparar su defensa y a no declararse culpable. Por respeto a su estado de salud, no se le pidió ponerse de pie, como es habitual en estos procedimientos.
Este encuentro no fue el inicio formal del juicio, sino una audiencia preliminar. El proceso judicial comenzará oficialmente el 23 de septiembre. Según la CPI, existe evidencia suficiente para vincular a Duterte con crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra contra las drogas en Filipinas, que dejó más de 6.000 muertes, aunque algunos informes sugieren que la cifra real podría superar las 30.000.
Grupos de derechos humanos han sido muy críticos de las políticas de Duterte, señalando que la campaña tuvo consecuencias devastadoras para los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyendo a niños.
EFE
Por: Itzel Olivo
