Se les conoce como “hombres sapo”, internos que se ven obligados a dormir en los pisos de las prisiones de la República Dominicana, a menudo junto a inodoros desbordados o agujeros en el suelo que hacen esa función.
Miles de ellos están hacinados en las cárceles del país, que están severamente sobrepobladas, algunas a siete veces su capacidad. La mayoría languidece allí sin haber sido acusada de un delito, y los activistas advierten que enfrentan condiciones inhumanas y falta de atención médica.
A pesar de las promesas de mejorar el sistema, los críticos afirman que República Dominicana sigue promoviendo y permitiendo detenciones preventivas en casi todos los casos penales donde no se han presentado cargos, y ha realizado pocos cambios mientras los problemas dentro de las prisiones continúan aumentando.
“Las cárceles se han convertido en tierra de nadie”, dijo Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana.
Más del 60% de los aproximadamente 26,000 internos del país están bajo detención preventiva, sin ningún cargo, según la Oficina Nacional de Defensa Pública. Los partidarios de esa práctica argumentan que la medida pretende proteger a la sociedad y da tiempo a las autoridades para recopilar pruebas en un caso.
Pero algunos detenidos llevan hasta 20 años en prisión sin haber sido declarados culpables de un delito, dijo Valentín.
Él señaló que la Constitución y el código penal del país dictan que la detención preventiva es una medida “excepcional”. Hay seis otras medidas que no implican tiempo en prisión, incluyendo la fianza, pero Valentín dijo que rara vez se utilizan.
“Tenemos una situación”
En una tarde reciente, Darwin Lugo y Yason Guzmán salieron de la Penitenciaría Nacional La Victoria, en la esquina noreste de la extensa capital, Santo Domingo.
La prisión fue construida para un máximo de 2,100 internos, pero alberga a más de 7,000, de los que más de 3,300 están bajo detención preventiva, según la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Es la prisión más antigua y poblada del país.
“Usted tiene que cuidar su vida”, dijo Lugo, quien junto a Guzmán visitó a varios amigos allí, algunos bajo detención preventiva.
“Hay muchos que están mal”, dijo Guzmán sobre los internos. “Hay extrema pobreza”.
Dijeron que sus amigos, que llevan más de cinco años encarcelados allí, están bien conectados y solo de forma ocasional piden dinero o una recarga de la tarjeta SIM de su celular.
El año pasado, al menos 11 internos murieron en La Victoria tras un cortocircuito en una celda que provocó un incendio y una explosión. Fue uno de los incendios carcelarios más mortales del país desde 2005, cuando al menos 134 internos murieron en la localidad oriental de Higüey después de que pandillas rivales prendieron fuego a sus colchones.
Después del incendio del año pasado en La Victoria, el presidente dominicano, Luis Abinader, nombró al exdirector de prisiones Roberto Santana como jefe de una comisión encargada de reformar y mejorar las más de 40 prisiones del país.
“Hay que admitir, señores, que tenemos una situación en todas las cárceles del país”, dijo Abinader al anunciar el nombramiento el pasado marzo. También anunció que el dinero recuperado de casos de corrupción ayudaría a financiar la construcción de nuevas prisiones.
Santana ha pedido desde hace mucho tiempo el cierre de La Victoria y de la prisión 15 de Azua, ubicada en la región occidental del país. La comisión que dirige está trabajando en esas y otras tareas monumentales, libres de interferencias externas, dijo.
“No cogemos órdenes de políticos ni nadie”, dijo Santana, quien anteriormente capacitó al personal para las nuevas prisiones construidas a principios de 2000.
Santana, que fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en la década de 1970, fue arrestado varias veces durante el mandato del presidente Joaquín Balaguer, conocido por encarcelar y a veces matar a opositores políticos y disidentes.
Santana conoce de primera mano las condiciones de La Victoria: pasó dos años en aislamiento allí.
“Al borde del colapso”
A principios de la década de 2000, la República Dominicana comenzó a construir 21 nuevas prisiones para mejorar las condiciones. Estaban dotadas de personal capacitado, no de policías y soldados, que supervisan las otras 19 prisiones del país.
Pero las condiciones en las nuevas prisiones se han deteriorado, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana.
“El sistema penitenciario de la República Dominicana está al borde del colapso”, dijo la comisión en su informe de 2023, el más reciente disponible.
En las cárceles de todo el país, la sobrepoblación es rampante. Las celdas carecen de baños, luz natural y ventilación, lo que lleva a un deterioro de las condiciones de salud. Alrededor de 5,000 reos padecen enfermedades que van desde problemas cardíacos hasta cáncer e infecciones de VIH, pero solo reciben la medicación más básica, si es que la reciben, y algunas prisiones no tienen personal médico, según Valentín, cuya oficina emite un informe anual detallado sobre las condiciones de todas las prisiones.
En su informe de 2023, el último año disponible, su oficina pidió el cierre de varias prisiones, incluida una en la ciudad costera del norte de Nagua.
“El nivel de hacinamiento de este centro imposibilita lograr una verdadera rehabilitación por parte de los internos, ya que los mismos han sido olvidados por el Estado”, decía el informe. “En las condiciones en que están es obvio que los tratan como objetos y no como seres humanos dotados de derechos“.
Otra prisión estaba tan sobrepoblada que el gobierno mantuvo a los internos al aire libre en camiones con techos de metal que se cocían bajo el sol, lo que provocó demandas, dijo Valentín.
Un portavoz del coronel Roberto Hernández Basilio, director de prisiones, no respondió a las solicitudes de entrevista. Hernández ha dicho anteriormente que su oficina está tomando medidas para mejorar las condiciones.
Mientras tanto, la procuradora general dominicana, Miriam Germán Brito, ha hablado repetidamente en contra de la detención preventiva, pero señaló que la decisión recae en los jueces. Un portavoz de Germán dijo que no está concediendo entrevistas a los medios.
Tanto Santana como Valentín dijeron que creen que la corrupción gubernamental es una de las razones por las que el país ha tardado en reformar el sistema, acusando a los soldados y policías que dirigen las prisiones de beneficiarse de actividades ilegales.
La corrupción pública también llevó a las autoridades a detener la construcción de una prisión muy anunciada en los últimos años que se esperaba aliviara la sobrepoblación.
Incluso mientras ese penal a medio construir se deteriora, Santana dijo que espera que se construyan 25 nuevas prisiones capaces de albergar a más de 20,000 internos para 2028.
Si bien se espera que estas ayuden a aliviar la sobrepoblación, persisten las preocupaciones. Los activistas señalan que los presos permanecen retenidos incluso cuando un juez ha dictado su liberación.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que aproximadamente 2,700 internos siguen en prisión porque su documentación está paralizada en tribunales desbordados. Mientras tanto, cientos más permanecen encarcelados a pesar de haber sido oficialmente liberados porque deben dinero al gobierno y no pueden pagar las multas impuestas por un juez.
AP
