Las Cuevas de Borbón o Pomier, ubicadas en San Cristóbal, es probablemente el sitio cultural prehistórico más importante de las Antillas por contar con la mayor cantidad conocida de arte rupestre taíno en el mundo, con más de 6000 pictografías y 500 petroglifos pertenecientes a dos culturas indígenas: Igneri y Taína.
De estas minas se extrae el carbonato de calcio que tiene numerosas aplicaciones: producción de cemento, polvos faciales y talcos de bebés, fabricación de medicamentos, en la agricultura y ganadería para enriquecer el suelo empobrecido, así como en la minería, por lo que las empresas que operan en las inmediaciones de las cuevas le suplen a otras compañías de su mismo rubro.
Aunque estas cuevas son Monumento Nacional desde 1969, Patrimonio Cultural de la Nación en 1987 y en 1993, incorporadas al Sistema de Áreas Protegidas, se vienen realizando actividades mineras en la zona desde 1984, cuando el Estado otorgó la primera concesión para la explotación a Barsequillo Industrial.
En ese mismo año también fueron favorecidas con concesiones las empresas “La Ensenada”, y “Cementos Nacionales”. En 1985 también se otorgaron a la empresa Industrias Gat, S.A. y Baldosas de Granito, C. por A. En 1986 a la empresa Productos de Calcio, C. por A. (hoy Dominicana de Cales –Docalsa-). Y en 1990 a Marmotech, C. por A.
Todas extraen cal, un material cementante que se obtiene de la roca sedimentaria caliza; la cual es un carbonato de calcio, a juicio del ambientalista Luis Carvajal, “lo hacen de manera mecánica con explosiones, explotan y luego recogen en este material”.
También le suplen a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, para fijar y consolidar las cenizas volantes que generan las plantas de carbón.
Durante un reportaje presentado en la emisión de esta semana del programa N Investiga, se evidenció que desde 1986, ambientalistas, arqueólogos y otros científicos han exigido respetar la protección de las cuevas ante el impacto de la minería.
El comunitario José Corporán sostuvo que alguna de las cuevas que han sido afectadas, como las cuevas del tendar, que está en el molino de las compañías y que tenía arte Rupestre, ha sido uno de los primeros daños, de los primeros impactos negativos que ha sufrido el complejo de las cuevas del Pomier”.
Este daño al igual que otros han sido reconfirmados por un reciente informe presentado en junio de 2024 por un experto norteamericano.
La necesidad del estudio surgió debido a una deuda ambiental de las mineras, desde hace décadas, que no han hecho ninguna reforestación en la zona. La devastación es visible tanto al acudir al lugar, donde se observan profundos hoyos en lo que en el pasado fueron cuevas y montañas.
Las conclusiones de este informe reconfirmaron lo que durante años, grupos ambientalistas venían denunciando: daños a las cuevas, incluyendo la número 6 que contenía 19 petroglifos y contaminación del agua debido a las explosiones en la cantera.
El ambientalista Luis Carvajal recordó que “durante todos estos años se advirtió lo que hoy es un hecho, que en la medida que la minería avanzara iba a degradar el valor turístico y económico, además de todas las funciones ecológicas que desempeña en la organización y producción de agua, en la biodiversidad”.
Las empresas han ido mucho más allá de la zona de amortiguamiento, que apenas está a 300 metros, una distancia muy próxima.
Durante el reportaje ingresaron a dos de las 8 cuevas afectadas, empezando por la Cueva del Puente, la más imponente de las 57 que tiene en total la reserva. Afortunadamente aún quedan petroglifos los cuales tenían una motivación religiosa.
Además de contener una singular colección de arte rupestre, estas cuevas son refugio de 7 de las 18 especies de murciélagos existentes en la República Dominicana y que resultan de gran importancia ecológica.
La minería también ha impactado considerablemente el suministro de agua potable, ya que las cuevas colindan con el río Nigua que nutre a La Toma de San Cristóbal.
En 2021, el Ministerio de Salud informó que el agua clara del manantial se volvió blanca, lo que provocó el cierre del parque acuático y la interrupción del flujo de agua durante varias horas.
Esta decoloración puede ocurrir cuando la perforación de pozos o la voladura en el área de drenaje de un manantial liberan polvo de piedra caliza blanca.
Medio Ambiente confirmó que estos episodios han vuelto a ocurrir, según expresó Carlos Augusto Batista, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, quien sostuvo que el último fue en el año 2023, “donde la toma se tornó en un color cremoso, producto de haberse contaminado los acuíferos por la pérdida de capa vegetal que ha habido en esa zona de explotación”.
Salud de la comunidad
Todo esto, como es natural tiene impacto en la salud de las comunidades con mayor relación con el Monumento Natural: El Pomier, Los Corozos, La Toma, Pica Pica, Miguel, Carvajal, Guaymate, Naranjo Dulce y El Tablazo.
“Cuando ellos hacen trituraciones emiten una erosión de polvo y ese polvo se llega a la misma comunidad y eso ha creado que surjan enfermedades que anteriormente no estaban acostumbrados a tener” explicó Alex Corporán, guía eco turístico Cuevas del Pomier.
Otros aseguran que ese polvo daña en la vista, provoca picazón y siempre que van al médico por el problema de la vista les dicen de la contaminación del polvo en el entorno.
El Ministerio de Medio Ambiente establece que desde agosto de 2020 no se han emitido nuevos permisos para explotación ni en la zona de amortiguamiento ni en ninguna otra área.
Actualmente, solo cuentan con licencia cuatro grandes empresas: Docalsa, propiedad de la familia Delfino; Industrias Gat, de Gregorio Antonio Taveras, Barsequillo Industrial, Marmotech y una pequeña asociación de extractores comunitarios de cal que extraen con picos y palas, integrada por más de mil habitantes del entorno, por lo que el total de empresas mineras que ha bajado de 7 a 4.
El Ministerio de Medio Ambiente establece que hace aproximadamente tres años han sancionado administrativamente, conforme al mandato de la Ley 64-00 de Medio Ambiente; sin embargo, otros sectores cuestionan la eficiencia de las autoridades en la fiscalización de esas labores.
¿Alguien ha revisado los informes de cumplimiento ambiental para ver cómo ellos llevan el plan de manejo y adecuación ambiental? cuestionó Luis Carvajal.
Medio Ambiente sostiene que la decisión de no otorgar nuevos permisos demuestra lo contrario, pero también reconoce los evidentes daños, que se pueden palpar a simple vista, sufridos por la zona en las últimas décadas.
“El Ministerio ha entrado en la fase de hacer todas las evaluaciones correspondientes de cara a iniciar los procesos de remediación, que ha sido una deuda histórica y hay pasivos ambientales de más de 30 años acumulados de acuerdo con una licencia” sostuvo Carlos Augusto Batista, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad.
Pero más allá de no otorgar nuevas licencias, organismos como el Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y la Academia de Ciencias abogan por el cese definitivo de las operaciones mineras que ante la vista de todo el mundo violan numerosas leyes.
También establece la necesidad de restaurar la zona y que sea costeada por las empresas que han producido los daños, algo en lo que coincide con Medio Ambiente.
El programa N Investiga solicitó una entrevista con representantes de Docalsa, que según residentes en la zona es una de las empresas que más ha afectado la preservación de las cuevas, sin obtener respuesta favorable. Pero, en el recorrido, conversaron con empleados de otra de las compañías señaladas, Industrias Gat, y, como era natural, aboga por que continúe la minería.
Una posición similar tienen miembros de la Asociación de Pequeños Mineros del Pomier, quienes aseguran que el desarrollo de la comunidad está vinculado a la minería y minimizan el impacto al medioambiente, la salud y la cultura con este argumento.
Tal vez no es consciente de que de seguir las operaciones, ya solo quedaría minería porque las cuevas y la toma desaparecerían. Ante una eventual pérdida de empleos por el cese de operaciones, ambientalistas y comunitarios plantean como alternativa contratar a estas personas en la remediación de la zona y para los planes de reconstrucción del entorno.
Y es que parte de las recomendaciones establecidas en la investigación de George Veni y que está en los planes de Medio Ambiente es aprovechar mucho más el potencial turístico de la zona, cuyo principal público hasta ahora son estudiantes.
Pero, para eso hay mucho que arreglar, empezando por los baños, cuyas condiciones son lamentables. Están prácticamente inservibles y no se corresponden con la importancia del lugar.
Además de acondicionar el espacio, es necesario resolver los servicios básicos: agua, energía eléctrica y el asfaltado de 3 kilómetros de las calles de acceso. Medio Ambiente asegura que ha iniciado el proceso.
Si habrá o no una prohibición de la minería en la zona, tocará esperar el próximo 27 de febrero para saberlo, pues en su discurso con motivo de la Independencia Nacional, el presidente Abinader informará al país su decisión. Mientras, estas son las expectativas de ambientalistas, arqueólogos y comunitarios.
Aunque se desconocen los aportes al PIB de las empresas que operan en las inmediaciones de las zonas, es evidente que el costo de salud, ambiental y cultural que hay que pagar para operar es muy alto, sobre todo cuando se observan los datos publicados por el Banco Central, a finales de enero, que arrojan que la minería fue el sector que menos aportó a la economía nacional en el 2024, con una tendencia decreciente de 5.2%.
Las piedras calizas tienen entre sus características: la porosidad, una propiedad vinculada a los espacios vacíos de una superficie, así como de vacíos lucen los profundos hoyos que antes eran ocupados por cuevas y que amenazan con seguir afectando este patrimonio cultural, natural e histórico no solo de San Cristóbal y República Dominicana, sino de las Antillas.
Por: Israel Figueroa
