El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó a la Corte Penal Internacional (CPI) tras el inicio de su investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses e israelíes.
Esta decisión agrava aún más las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y la CPI, generando un nuevo capítulo en la confrontación entre la administración de Trump y el sistema de justicia internacional.
Sanciones contra la CPI
La administración Trump ha impuesto restricciones a los funcionarios de la CPI, como respuesta a la investigación sobre las actividades de las fuerzas militares de EE. UU. en Afganistán, así como a las acusaciones de crímenes de guerra en Palestina, por parte de las fuerzas israelíes.
Estas sanciones incluyen el bloqueo de bienes y la prohibición de ingresar a Estados Unidos. La medida es parte de un esfuerzo por frenar lo que el gobierno estadounidense considera un ataque a la soberanía nacional y una intervención indebida en sus operaciones militares.
Contexto de la Investigación
La CPI, con sede en La Haya, inició su investigación en 2020 tras autorizar una pesquisa preliminar sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán durante el conflicto armado, involucrando a las fuerzas de EE. UU. y la CIA.
Además, la Corte ha enfocado parte de su investigación en las acciones israelíes en los territorios palestinos, lo que ha generado controversia en la comunidad internacional.
Reacciones internacionales
El gobierno de Estados Unidos ha rechazado enérgicamente las investigaciones de la CPI, argumentando que la Corte no tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos por sus ciudadanos.
Además, varios aliados de EE. UU., incluidos Israel y otros países, han expresado su apoyo a la postura estadounidense, alegando que la CPI tiene un historial de investigaciones sesgadas y politizadas.
Impacto en las relaciones internacionales
La decisión de sancionar a la CPI ha profundizado la división entre Estados Unidos y los defensores del sistema de justicia internacional.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han condenado las sanciones, advirtiendo que podrían debilitar el sistema de justicia global y desalentar futuras investigaciones de crímenes de guerra.
Por: Yari Araujo
