El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la cancelación de fondos destinados a organizaciones civiles y humanitarias que brindaban asesoría legal gratuita a migrantes en centros de detención y cortes de inmigración. Esta medida deja a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad, sin acceso a la información necesaria para defenderse ante un proceso de deportación.
La nueva directriz del Departamento de Justicia limita drásticamente la asistencia legal gratuita para migrantes detenidos y aquellos que enfrentan audiencias en cortes de inmigración.
Entre los programas cancelados está el Programa de Orientación Legal (LOP, por sus siglas en inglés), una iniciativa federal que por años ayudó a los migrantes a conocer sus derechos y opciones legales en EE.UU.
“Este es un ataque directo contra los migrantes, tanto los que llegan a la frontera como los que ya viven aquí”, expresó Laura J. John, directora legal del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados.
Te puede interesar: ¿Llegarán a un acuerdo? Trump hablará con Sheinbaum y Trudeau sobre aranceles este lunes
Migrantes sin apoyo en un sistema complejo
A diferencia de los procesos penales, la ley de inmigración de EE.UU. no garantiza el derecho a un abogado de oficio, lo que obliga a muchos migrantes a defenderse solos en un sistema legal que desconocen.
El Proyecto Florence, una organización sin fines de lucro que desde 1989 brinda asesoría legal gratuita a migrantes, advierte que la eliminación de estos recursos ocurre en un momento crítico, ya que el gobierno ha intensificado las redadas y detenciones en todo el país.
“Al quitar estos fondos, la administración Trump elimina una ayuda esencial para que los migrantes conozcan sus derechos y puedan defenderse de una deportación injusta”, explicó John.
Los abogados de esta organización visitaban regularmente los centros de detención en Arizona, ofreciendo orientaciones sobre derechos constitucionales, defensa legal y preparación para audiencias migratorias.
El alto costo de la defensa legal
Para muchos migrantes, contratar un abogado privado de inmigración es prácticamente imposible debido a los altos costos.
“Algunos abogados cobran solo por una consulta inicial, y el proceso completo puede costar miles de dólares”, señaló el abogado de inmigración Ben Martínez.
Además de los honorarios legales, los migrantes deben pagar fianzas que pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 dólares por persona, en caso de que el juez les otorgue la libertad condicional.
Negación de acceso a centros de detención
Desde la firma de esta orden, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha restringido el acceso a los centros de detención en Arizona a los abogados y representantes del Proyecto Florence, impidiendo que brinden apoyo a los migrantes detenidos.
Otro obstáculo es la falta de traductores, lo que afecta especialmente a migrantes que no hablan español, como aquellos que provienen de comunidades indígenas.
Campaña para restaurar la ayuda legal
El Programa de Orientación Legal (LOP), financiado por el Congreso desde 2003, había sido una herramienta clave para brindar apoyo a migrantes en todo el país.
Ante su eliminación, el Proyecto Florence ha lanzado una campaña en redes sociales, instando a los ciudadanos a contactar a sus congresistas y exigir la restitución de estos fondos.
“Quitar estos pocos recursos a los migrantes es una grave injusticia”, concluyó John, advirtiendo que sin esta asistencia, miles de personas quedan expuestas a procesos de deportación sin la oportunidad de una defensa justa.
EFE
Por: Itzel Olivo
