El exjuez Hiroito Reyes, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ha expresado su preocupación por la decisión del Pleno de esa institución de modificar la jurisdicción privilegiada establecida en la Constitución. Según él, la resolución núm. 004/2020, que delega en la Sala Penal el conocimiento en primera instancia de procesos contra altos funcionarios, altera el marco constitucional vigente y podría generar incertidumbre jurídica, debilitando el sistema judicial.
De acuerdo con el jurista, la Constitución establece que estos casos deben ser conocidos en única instancia por la Suprema Corte, garantizando así la imparcialidad y celeridad del proceso. Sin embargo, la nueva disposición introduce un nivel adicional de revisión que contradice la intención del legislador y crea un escenario de “inseguridad jurídica”.
Reyes sostiene que el privilegio de jurisdicción fue concebido para asegurar que los funcionarios sean juzgados por magistrados de mayor jerarquía y experiencia, por lo que someter las decisiones de la Sala Penal a una segunda revisión resulta innecesario.
En este sentido, señala que la resolución de la SCJ carece de justificación, ya que “atendiendo al rango de la jurisdicción, es prescindible la vía jerárquica recursiva, pues las decisiones se recurren para garantizar que jueces más experimentados revisen el fallo rendido, circunstancia esta que no se compadece en el caso concreto de la Sala Penal de la SCJ, pues dichos magistrados tienen la misma jerarquía que los demás jueces que la integran, y quizás una mayor pericia, ya que son los jueces que conocen de los procesos penales.”
En un documento, el exmagistrado reconoce que el objetivo del Pleno de la SCJ al brindar una vía de recurso a los funcionarios con jurisdicción privilegiada es comprensible, pero resalta que “si bien comprendemos la intención del Pleno en brindar una vía de recurso a las personas con privilegio de jurisdicción, también entendemos las motivaciones del legislador para haberla cerrado, y esto es algo que el propio Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la norma suprema ha declarado.”
Reyes también advierte sobre posibles complicaciones prácticas derivadas de esta resolución, como la pérdida de competencia en casos en los que el funcionario imputado cese en sus funciones durante el proceso, lo que podría anular el procedimiento y generar vacíos legales.
En conclusión, el exjuez insiste en que el esquema original de jurisdicción privilegiada, tal como fue concebido por el constituyente, ofrece garantías suficientes tanto para los imputados como para el sistema judicial. Considera que cualquier modificación debe ser debatida en el Congreso Nacional y no implementada de manera unilateral por la Suprema Corte, a fin de evitar inconsistencias jurídicas y preservar la seguridad jurídica del país.
