Un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que buscaba eliminar la garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres.
La decisión fue tomada por el juez John C. Coughenour, quien falló en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Estos estados argumentaron que la décimo cuarta Enmienda de la Constitución, junto con la jurisprudencia de la Corte Suprema, consagra el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país.
Este fallo es solo uno de cinco litigios presentados por un total de 22 estados y varias agrupaciones de inmigrantes en todo el país, que cuestionan la legalidad de la orden de Trump. Entre las demandas se encuentran testimonios de fiscales generales que son ciudadanos por nacimiento y casos de mujeres embarazadas que temen que sus hijos no obtengan la ciudadanía estadounidense.
Firmada por Trump el mismo día de su toma de posesión, la orden ejecutiva tenía previsto entrar en vigor el 19 de febrero, y podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según las demandas. Un estimado de 255,000 niños nacidos de madres que vivían ilegalmente en Estados Unidos fueron registrados en 2022, y otros 153,000 nacieron de padres en la misma situación, según una de las demandas presentadas en Seattle.
Estados Unidos es uno de los pocos países que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento, bajo el principio de jus soli o “derecho del suelo”, que se aplica en alrededor de 30 países, principalmente en las Américas, incluyendo a Canadá y México.
Las demandas citan la 14ª Enmienda, que fue ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, y establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. La orden ejecutiva de Trump, sin embargo, argumenta que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y propone que solo se reconozca la ciudadanía para los niños nacidos de al menos un padre ciudadano estadounidense.
Un caso clave en la historia sobre la ciudadanía por nacimiento fue el de Wong Kim Ark, quien, en 1898, fue reconocido como ciudadano estadounidense por haber nacido en San Francisco, a pesar de que sus padres eran inmigrantes chinos. Este precedente ha sido fundamental en la interpretación de la 14ª Enmienda, aunque algunos defensores de restricciones migratorias argumentan que no está claro si se aplica de la misma forma a los hijos de padres que viven ilegalmente en el país.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, quien es ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento, se mostró muy crítico de la orden, describiéndola como un ataque personal. “No hay un debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté completamente equivocado no le impedirá causar un daño grave en este momento a familias estadounidenses como la mía”, expresó Tong.
Una de las demandas incluye el testimonio de una mujer embarazada, identificada como “Carmen”, que no es ciudadana, pero ha vivido en Estados Unidos por más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente que podría llevarla a obtener residencia permanente. “Despojar a los niños del ‘tesoro invaluable’ de la ciudadanía es una grave lesión”, señala la demanda, advirtiendo que esto les niega la plena membresía en la sociedad estadounidense a la que tienen derecho.
