En los últimos meses, algunos medios y periodistas españoles han cuestionado las ayudas otorgadas por ese país a la República Dominicana, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), un organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Estos sectores consideran estas ayudas como regalar el dinero de los contribuyentes españoles e incluso van más lejos, poniendo en duda que sean destinados para los fines que son otorgados.
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Por eso, a través de un reportaje el programa N Investiga indagó la veracidad o falsedad de estas denuncias, dejando evidenciado que los recursos entregados por la AECID no son distraídos y responden al único objetivo de la cooperación internacional, que históricamente ha sido uno de los principales instrumentos de la política exterior.
“La cooperación española es una de las agencias que más instrumentos de seguimiento y fiscalización tiene y más exigentes son. Por tanto, debemos cuidar hasta el último peso porque cualquier gasto realizado no es elegible, hay que devolverlo” manifestó Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Sin embargo, periodistas y opositores españoles como el exdiputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, relacionan las ayudas económicas de España, a través de la AECID, con supuestas tramas de corrupción vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al gobierno del presidente Pedro Sánchez, y ha hecho especial énfasis en las subvenciones de República Dominicana, a pesar de que esta política exterior también es implementada en otras 21 naciones, incluyendo Honduras, Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú y Haití.
Es por eso que algunos plantean la teoría de que República Dominicana es el destino por excelencia de fuga y blanqueo de dinero malversado en España y los tratan de relacionar los 46 millones de euros entregados por la AECID al país en los últimos 4 años.
A Cambronero, exdiputado del partido Ciudadanos, le sorprende las cantidades de subvenciones y su destino.
Estas subvenciones van dirigidas a diversas instituciones oficiales y ONGs dominicanas que han generado suspicacia en algunos sectores, como por ejemplo, 100 mil euros al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, 350 mil euros al Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, 500 mil euros a la Confederación de Mujeres del Campo, 275 mil euros al Ministerio de Agricultura, 250 mil euros a la Junta Agroempresarial Dominicana, 200 mil euros a la Oficina Nacional de Estadística, 425 mil euros al Ministerio de Industria y Comercio, 250 mil euros al Ministerio de Trabajo, 200 mil euros al Consejo del Cambio Climático, 300 mil euros a Profamilia, 610 mil euros a la Fundación Inicia Educación, 170.000 euros a la Fundación Dominicana de Ciegos, 187,753 euros a la Fundación Solidaridad, 208 mil euros a la Fundación Salesiana Don Bosco y 250 mil euros a la Universidad Abierta para Adultos, 100 mil euros a la Junta del Distrito Municipal de San Francisco-Vicentillo y 350 mil euros para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debido a que se entregan sin contraprestaciones, es decir que, supuestamente, no tienen forma de como comprobarse su ejecución.
Desde el viceministerio de Cooperación Internacional se explicó que se garantizan varias cosas, una que la cooperación esté alineada a las prioridades nacionales, esto es a la Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Nacional Provincial, y por otro lado, la calidad técnica de estos proyectos que efectivamente puedan cumplir lo que dicen.
“Si nosotros viéramos y nosotros comprobáramos que cada una de estas partidas por ejemplo las 30 que recibe República Dominicana están justificadas y se han materializado…no tendríamos absolutamente ningún problema… Pero nuestro problema es…la opacidad en este caso del manejo del dinero público invita a pensar mal” cuestiona Pablo Cambronero, ex diputado español.
A este cuestionamiento, Olaya Dotel, manifestó que la colaboración es un acuerdo político firmado entre ambos estados que es sustentado en unos proyectos acompañados de una serie de instrumentos de seguimiento y auditoría.
A esto se suma que los fondos de la cooperación entran a la Cuenta única del Tesoro, por lo que son también auditados por los diferentes organismos de control del Estado dominicano y se exige que todos los proyectos se ejecuten bajo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Cambronero cuestionó, de igual modo, el apoyo enviado a la Policía Nacional señalando que “ha recibido una subvención de 250.000 euros expresado en dólares cerca de 300.000, que no tenemos ni idea de a qué se ha dedicado ni si siquiera lo ha recibido”; de igual modo puso en tela de juicio las que huelen a ideología “hablamos de feminismo, cambio climático, todo este tipo de ideologías, muchas veces se da dinero sin ningún proyecto concreto, simplemente para la propia palabra”, así como un programa de apoyo a la Procuraduría.
Sin embargo, N Investiga confirmó que la Policía sí lo recibió y lo utilizó en un proyecto de mejora de la calidad de las labores de prevención e investigación, iniciado el 2 de diciembre de 2021 y finalizado el primero de diciembre de 2024, con el que se creó un sistema automatizado para registrar las denuncias en todo el país y se abrieron nuevas oficinas. No obstante, ciertos grupos también cuestionan otras subvenciones.
La investigación comprobó que esos esos recursos se están destinando a un proyecto de mejora de la capacidad de respuesta del Sistema Penitenciario, previsto a terminar de ejecutarse en 2025, para reducir la población carcelaria preventiva que tanto afecta al país al punto que en algunos recintos la sobrepoblación alcanza el 500 por ciento.
También se está ejecutando un proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de persecución de la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género, que se proyecta concluirá en el año 2027.
Incluso entre las subvenciones cuestionadas están dos otorgadas en junio de 2024, que suman 250 mil euros, para promover la identidad afrodominicana en beneficio de la Fundación La Merced.
Al acudir a sus oficinas en Las Caobas, Santo Domingo Oeste, y al centro educativo que opera en Batey Bienvenido, Manoguayabo, entrevistaron al director ejecutivo de la organización sin fines de lucro vinculada a la Iglesia Católica formalmente constituida bajo las leyes dominicanas desde 2010.
El director de la entidad, el señor Alberto Jiménez, explicó que es la primera vez que reciben subvenciones de la AECID, y serán ejecutadas en un proyecto que beneficiará entre 800 y 1000 niños y abarca los componentes de cultura y de formación técnica.
Sin embargo, en comparación con otros países de la región de Centroamérica y el Caribe, la República Dominicana no ocupa un lugar preponderante. Según datos de la AECID de 2022, el presupuesto gestionado por la AECID en el país ascendió a 3.856 millones de euros. Honduras lo triplica al recibir 9.791 millones de euros; Guatemala, 6.652 millones de euros, El Salvador, 5.914 millones de euros y Haití, 4.834 millones de euros. Representantes de ONGs y autoridades dominicanas coinciden en la importancia de la cooperación no solo de España, sino de países como Corea, Chile, Alemania en un país con numerosos desafíos que resultan difícil superarlos solos.
También, cuestionan que la República Dominicana se haya convertido en el país fuera de la Unión Europea, exceptuando Estados Unidos, en el que más veces han aterrizado los Falcon y otras aeronaves oficiales de la Casa Real y el gobierno español.
Solo entre marzo de 2021 y noviembre de 2024, se realizaron 118 aterrizajes en el país, mientras, a Estados Unidos solo han viajado en 61 ocasiones en ese mismo periodo.
A esto se suma el Caso Koldo y Aldama, como se denomina la supuesta malversación en España unos 50 millones de dólares a través de compras irregulares de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 cuyos principales acusados son José Luis Ábalos, exministro de Transporte, su asesor Koldo García y el empresario Víctor Almada, quien contó a un juez que algunos de los pagos se hicieron en Santo Domingo.
Origen de la cooperación
Las relaciones de cooperación bilateral entre España y República Dominicana se fundamentan en el Acuerdo Básico de Cooperación Científico-Técnica de 1973. Se materializan a través de proyectos de cooperación financiera y técnica, gestionados en el país desde 1987 a través de la Oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (OCE – AECID).
Para el establecimiento del programa anual, se realizan convocatorias de proyectos que son discutidas con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para finalmente ser aprobados a través de una Resolución de Concesión de Subvención e integrados a la cartera de proyectos en ejecución.
Esta oficina cuenta con 51 dependencias repartidas por el mundo a los fines de coordinar y ejecutar la cooperación española en sectores como educación, desarrollo sostenible, agua y saneamiento, crecimiento económico, cultura y ciencia, desarrollo rural, agricultura, género, gobernabilidad democrática, salud, medio ambiente y cambio climático.
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