Santo Domingo, República Dominicana. Jueves, 16 de enero de 2025. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, condenó a Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael Núñez de Aza, a cinco años de prisión suspendida tras ser encontrada culpable de lavado de activos como parte del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
De acuerdo con el Ministerio Público, Disla actuó como testaferro de su hijo, gestionando bienes y recursos obtenidos ilícitamente como parte del esquema de corrupción. El coronel Rafael Núñez de Aza, quien era, según la acusación, la cabeza financiera del entramado, es señalado como uno de los principales imputados en el caso Coral y Coral 5G.
Según el órgano acusador, Núñez de Aza forma parte de la red que desvió más de 4,500 millones de pesos del Estado mediante maniobras fraudulentas, como la simulación de contratos, la creación de nóminas irregulares y la malversación de fondos públicos. Parte de los recursos sustraídos se ocultan a través de testaferros, incluyendo a familiares cercanos como su madre, Rosa Antonia Disla.
El tribunal también ordenó el decomiso de una propiedad ubicada en la Autovía del Nordeste, municipio de Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata. La cual, de acuerdo con la tasación presentada por el Ministerio Público, y acogida por el Tercer Tribunal Colegiado, tiene un valor de 474,528 dólares.
El inmueble consta de una finca con una construcción de cuatro niveles color verde, una granja vacía sin pollos, equipada únicamente con colgantes de alimentos, y una casa de tres niveles en proceso de terminación.
La propiedad está identificada con los números catastrales 402910321632 y matrícula 1200009856, con una extensión superficial de 39.951,30 metros cuadrados ; y 402910339849, matrícula 1200008438, con una extensión de 10.075,33 metros cuadrados.
La condena impuesta a Disla, bajo la modalidad de prisión suspendida, incluye el cumplimiento de varias reglas, como mantener un domicilio fijo, realizar 20 horas mensuales de trabajo comunitario y abstenerse de portar armas de fuego.
El Tercer Tribunal Colegiado, además, la condenó al pago de las costas del proceso judicial y una indemnización de cinco millones de pesos a favor del Estado dominicano como compensación por los daños causados.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, en representación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), destacó que esta sentencia representa un avance en el desmantelamiento de la red de corrupción de Coral y Coral 5G, reafirmando el compromiso de recuperar los recursos sustraídos al patrimonio estatal y llevar ante la justicia a todos los involucrados en estos actos ilícitos.
“Valoramos la decisión del tribunal, ya que se trata de una de las pocas ocasiones en que se dicta condena contra un testaferro o prestanombres en un juicio separado, aunque conocido simultáneamente por otro tribunal. El tribunal demostró que los elementos probatorios presentados fueron suficientes para demostrar la infracción determinante del acusado Rafael Núñez de Aza, lo que permitió imponer una condena independiente a la testaferro Rosa Disla”, señaló Pérez Fulcar.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa estuvo representada por los Procuradores Fiscales Arolin Lemos Félix y Jonathan Pérez Fulcar. Los fiscales lograron incorporar las pruebas que dieron lugar a la condena de Rosa Antonia Disla, quien fue condenada por violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
