En respuesta a las críticas de los Países Bajos, Francia e Italia por la polémica toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano anunció el martes la decisión de limitar a tres el número de diplomáticos acreditados en cada embajada de esas naciones, esta medida que deberá cumplirse en un plazo de 48 horas.
El canciller Yvan Gil difundió un comunicado en el que indicó que también “los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de nuestra Cancillería para desplazarse más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar de Caracas”, localizada en el centro de la capital venezolana, “garantizando el estricto cumplimiento de sus funciones”.
Gil catalogó de “conducta hostil” las posiciones de esos tres países, “caracterizada por su apoyo a grupos extremistas (la oposición) y su intromisión en asuntos internos” y exigió” respeto a la soberanía y la autodeterminación”.
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Advirtió que “el gobierno bolivariano seguirá tomando acciones necesarias, según el Derecho Internacional, para garantizar su estabilidad, soberanía y el camino hacia la paz y prosperidad.
Maduro fue investido el viernes en una ceremonia en el Palacio Legislativo de Caracas.
Las autoridades electorales, leales al partido gobernante, declararon ganador a Maduro horas después de que cerraran las urnas el 28 de julio, pero a diferencia de los comicios presidenciales anteriores no ofrecieron el conteo detallado los de votos.
El exdiplomático opositor Edmundo González es reconocido como presidente electo por Estados Unidos, varios países europeos y América Latina, así como por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, tras presentar pruebas creíbles de su triunfo frente a Maduro.
La oposición recopiló actas del 85% de las máquinas de votación electrónica y las publicó en internet, mostrando que González había ganado por un margen de más de 2 a 1. Expertos de Naciones Unidas y del Centro Carter, con sede en Estados Unidos, ambos invitados por el gobierno de Maduro como observadores de la cita electoral, calificaron las actas publicadas por la oposición como legítimas.
