Por Raúl Germán Bautista.- Elon Musk, empresario reconocido, ha encendido las alarmas sobre la crisis de Medi-Cal en California. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Musk afirmó que la oferta de atención médica gratuita para inmigrantes ilegales podría sobrecargar el sistema, creando una demanda insostenible para los servicios médicos.
Al responder a una publicación que se refería a que California gasta 2.600 millones de dólares al año en atención sanitaria para inmigrantes ilegales, el empresario y fundador de Tesla y SpaceX expresó que esa situación se extenderá a cifras enormes, ya que el estado aprobó un proyecto de ley que ofrece atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales y que entró en vigor el año pasado.
“Básicamente, cualquier persona en la Tierra puede venir a California para recibir atención médica gratuita. La Tierra tiene 8 mil millones de habitantes, pero California tiene 40 millones. No hay suficientes médicos para atender a todos, ni siquiera con fondos infinitos”, colgó en X.
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¿QUÉ ES MEDI-CAL Y A QUIÉN BENEFICIA?
Medi-Cal es la versión californiana de Medicaid, ofreciendo cobertura médica gratuita o de bajo costo para residentes elegibles. Administrado por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California, este programa atiende a millones de personas, incluidos trabajadores agrícolas, inmigrantes y ciudadanos de bajos ingresos.
Expertos establecen que seis años después de asumir el cargo prometiendo ser el “gobernador de la salud” de California, el demócrata Gavin Newsom ha destinado decenas de miles de millones de dólares de fondos públicos a servicios de la red de seguridad para los residentes más necesitados del estado, mientras diseña reglas para hacer que la atención médica sea más accesible y asequible para todos los californianos.
El estado también está experimentando con fondos de Medicaid para pagar servicios sociales, como asistencia para vivienda y alimentos, especialmente para aquellos que viven en las calles o tienen enfermedades crónicas.
Además, está obligando a la industria de la salud a controlar los costos desbordantes mientras impone nuevas reglas a médicos, hospitales y aseguradoras para ofrecer una atención de mejor calidad y más accesible.
Sin embargo, hasta ahora, Newsom no ha logrado cumplir por completo con sus políticas de salud más ambiciosas, y muchos cambios aún no son visibles para el público: los costos de la salud siguen aumentando, la escasez de vivienda está empeorando y muchos californianos todavía luchan por obtener atención médica básica.
¿PODRÍA TRUMP FRENAR ESTE PROYECTO?
“Las libertades de las que gozamos en California están bajo ataque y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya hemos hecho frente a este desafío antes y sabemos cómo responder”. Esa fue la primera reacción del gobernador californiano Gavin Newsom al conocerse el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Apenas habían pasado 48 horas, y el demócrata no solo hizo esa advertencia, sino que dio el primer paso para empezar a convertir a California en un estado lo más “a prueba de Trump” posible, para blindar sus políticas antes de que inicie el segundo mandato del republicano.
Convocó así una sesión extraordinaria en el Congreso estatal, en diciembre, poco más de mes y medio antes de que Trump asuma el cargo.
El objetivo fue discutir opciones y aumentar los fondos para potenciales litigios con la nueva administración en cuestiones como la protección a los inmigrantes, los derechos reproductivos y LGBTQ+, o la lucha contra el cambio climático.
La respuesta del presidente electo no se hizo esperar. Usando su apodo favorito para el gobernador, Newsom —un juego de palabras con su apellido y “escoria” en inglés—, y haciendo un guiño a su propio lema de campaña, lo acusó de entorpecer “todas las grandes cosas que se pueden hacer para que California vuelva a ser grande”.
Ya en la noche electoral, nada más saberse ganador, Trump adelantó que en su segundo mandato se guiará por un lema simple: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.
Y esta semana confirmó —en mayúsculas, en su red social Truth Social— que prevé declarar la emergencia nacional y movilizar tropas para devolver de forma masiva a inmigrantes indocumentados a sus países de origen.
California es el hogar de más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, incluidos unos 1,8 millones sin un estatus legal, según datos del 2022 del centro de investigación Pew.
También es el segundo estado, por detrás de Nevada, que alberga a más familias con miembros con situaciones migratorias mixtas; en las que, por ejemplo, los hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento mientras uno u ambos progenitores no tienen papeles.
En ciertas zonas de California, estado conocido como el granero de EE.UU. porque produce un tercio de las verduras y tres cuartas partes de las frutas del país, los trabajadores sin papeles pueden llegar a ser el 70% de la fuerza laboral.
Hace años que el estado empezó a consagrar protecciones para inmigrantes indocumentados.
En 2017, el entonces gobernador Jerry Brown firmó la Ley de los Valores de California (SB 54), que prohíbe a las fuerzas policiales estatales y locales colaborar con las fuerzas federales en cuestiones migratorias.
La última vez que Donald Trump fue presidente, sus políticas de atención médica socavaron la Ley de Atención Médica Asequible y ayudaron a eliminar los derechos federales al aborto, dejando que los estados llenaran los vacíos. En su segundo mandato, los expertos predicen que la agenda de Trump será similar y advierten que la atención médica se volverá más cara y más difícil de acceder para millones de personas.
En ese sentido, el talón de Aquiles del estado es la financiación federal. El gasto federal en programas de atención sanitaria de California es más de tres veces mayor que la parte que le corresponde al estado.
Eso supone más de 117,000 millones de dólares del gobierno federal para apoyar Medi-Cal y la Ley del cuidado de la salud a bajo precio, en comparación con los 35,000 millones de dólares del fondo general de California para todo el gasto sanitario estatal, que incluye la salud pública, los hospitales estatales y los servicios sociales.
Estos montos harán que Donald Trump ponga su mirada en California y trate, por todos los medios, de reducir los ingresos, en todos los sentidos.
INSOSTENIBLE.-
La Seguridad Social lleva años enfrentándose a un déficit de financiamiento, en parte debido a los cambios demográficos. Cada vez hay más jubilados que cobran prestaciones durante periodos más largos, y el descenso de la natalidad hace que haya menos trabajadores que contribuyen a los impuestos sobre las nóminas, la principal fuente de fondos de la Seguridad Social. Y, en comparación con años pasados, una parte mayor de la base de ingresos del país no está sujeta al impuesto.
Se prevé que el fondo fiduciario que paga las prestaciones a los jubilados se agote en 2033. En ese momento, los ingresos fiscales bastarán para pagar el 79 por ciento de las prestaciones previstas. Si no se hace nada, los beneficiarios verían cómo sus cheques se reducen en un 21 por ciento.
