El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, solicitó al director de la Policía Nacional estadísticas sobre los casos de personas fallecidas en intercambios de disparos con agentes policiales, con el objetivo de esclarecer cada incidente y garantizar la rendición de cuentas.
“Nosotros hemos pedido al jefe de la Policía un expediente que permita el sometimiento de los oficiales que han hecho uso inadecuado de la fuerza y han ejercido violencia contra ciudadanos comunes“, declaró Ulloa, mostrando su preocupación por los posibles abusos cometidos por las fuerzas del orden.
Ulloa subrayó que, aunque los delincuentes deben recibir todo el peso de la ley, esto no justifica que sean abatidos mientras se encuentren indefensos.
“La Policía Nacional no está por encima de los derechos de nadie. Por lo tanto, debemos ser críticos de cualquier accionar que no respete los derechos humanos. Todo procedimiento debe regirse por el manual del uso de la fuerza”, enfatizó.
Balance preocupante
El año 2024 cerró con al menos 120 personas abatidas, clasificadas por la Policía Nacional como presuntos delincuentes, lo que equivale a un promedio de 10 muertes mensuales.
