El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, advirtió que la institución incautará los equipos y someterá a la justicia a Worldcoin Foundation si no cumple con la resolución que prohíbe sus operaciones en República Dominicana. La medida se debe a las cláusulas abusivas en los contratos de la empresa, que solicitan datos biométricos de ciudadanos a cambio de criptomonedas sin la debida aprobación legal.
La disposición está respaldada por la resolución número 2058-24, emitida el 12 de diciembre de 2024, la cual prohíbe las actividades de Worldcoin Foundation en el país. La institución notificó esta decisión a la empresa a través de un acto de alguacil, advirtiendo que hará uso de los mecanismos legales necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley 358-05 de protección al consumidor y usuario.
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Medidas legales y respaldo de la JCE
La Junta Central Electoral (JCE) también respaldó la decisión de Pro Consumidor, recordando que es el único organismo con exclusividad para manejar los datos biométricos en el país. La JCE destacó la importancia de proteger la privacidad y seguridad de los ciudadanos dominicanos.
Cláusulas abusivas y operaciones de Worldcoin
Worldcoin Foundation estableció centros en Santo Domingo donde solicitaba a los ciudadanos capturar su iris a cambio de pagos en criptomonedas. Según informes, un total de 7,478 personas accedieron a estos servicios.
Pro Consumidor señaló que los contratos de adhesión de la empresa contenían cláusulas que comprometían la seguridad de los datos de los usuarios y violaban la normativa vigente. Estas irregularidades motivaron el cese inmediato de sus operaciones mediante el acto núm. 1840-24, emitido el 14 de noviembre de 2024.
Compromiso de Pro Consumidor con la seguridad de los ciudadanos
El titular de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, reiteró que la misión de la entidad es salvaguardar los derechos de los consumidores. Manifestó que se utilizarán todos los recursos legales, constitucionales y jurisprudenciales para garantizar el cumplimiento de las normativas y evitar que los ciudadanos sean vulnerados por prácticas abusivas.
“La protección de los derechos de los consumidores es nuestra prioridad. No permitiremos que se violen las normativas establecidas ni que se comprometa la seguridad de nuestros ciudadanos”, afirmó Alcántara.
