El lunes se inició un proceso de juicio político contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, quien enfrenta una batalla legal por una amenaza de muerte que hizo contra el presidente, por la presunta malversación de fondos gubernamentales por parte de su oficina y otras acusaciones penales.
La iniciativa de juicio político presentada por varios opositores destacados y activistas en la Cámara de Representantes acusa a Duterte de violar la Constitución del país, corrupción masiva y otros “crímenes graves”, incluidas las amenazas de muerte que hizo contra el presidente, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes.
Las amenazas de la vicepresidenta mostraron el “alcance de la incapacidad mental de la acusada, su depravación y falta de aptitud mental para seguir ocupando el alto cargo de vicepresidenta de Filipinas”, según una copia de la denuncia vista por The Associated Press. “Estas constituyen no solo una traición a la confianza pública, sino también un crimen grave que justificaría su destitución inmediata del cargo”.
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Duterte, abogada de 46 años, también fue acusada en la denuncia de poseer riqueza inexplicada y de permitir asesinatos extrajudiciales de sospechosos de drogas iniciados por su padre, exalcalde de la ciudad sureña de Davao, cuando ella ocupó ese cargo en el pasado.
Los problemas legales de la vicepresidenta se han desarrollado en el contexto de su creciente disputa política con el presidente, Ferdinand Marcos Jr., y sus aliados. En una conferencia de prensa en línea el 23 de noviembre, la vicepresidenta dijo que había contratado a un asesino para matar a Marcos, su esposa y al presidente de la Cámara, Martin Romualdez, si ella fuera asesinada, una amenaza que advirtió que no era una broma.
Luego dijo que no estaba amenazándolo, sino que expresaba preocupación por su propia seguridad.
La denuncia de juicio político será examinada por el Congreso de Filipinas, dominado por aliados de Marcos y su primo y principal partidario, Romualdez, quien también ha tenido desacuerdos políticos con la vicepresidenta.
El proceso podría tomar semanas o meses. El Congreso comenzará su receso de Navidad el 20 de diciembre y reanudará las sesiones el 13 de enero. Muchos legisladores comenzarán entonces a hacer campaña para la reelección antes de las elecciones de media legislatura del 12 de mayo.
La Cámara ha estado investigando la presunta malversación de 612,5 millones de pesos (10,3 millones de dólares) de fondos confidenciales e inteligencia recibidos por las oficinas de Duterte como vicepresidenta y secretaria de educación. Desde entonces, ha dejado el puesto de educación.
La funcionaria se ha negado a responder preguntas en detalle en tensas vistas televisadas. Duterte también protestó vehementemente cuando su jefa de personal, Zuleika Lopez, fue detenida temporalmente por supuestamente obstaculizar la investigación. Lopez ha sido liberada de la detención hospitalaria.
La policía filipina ha presentado denuncias penales contra Duterte y su personal de seguridad por presuntamente agredir a autoridades y desobedecer órdenes en un altercado en el Congreso sobre la detención de Lopez.
Duterte ha acusado a Marcos, su esposa y Romualdez de corrupción, liderazgo débil y de intentar silenciarla debido a las especulaciones sobre que podría buscar la presidencia en 2028.
La Oficina Nacional de Investigación citó a Duterte para que compareciera ante los investigadores para responder sobre sus amenazas.
La policía, el ejército y el asesor de seguridad nacional aumentaron inmediatamente la seguridad de los Marcos después de las amenazas.
El presidente ha dicho que un juicio político a Duterte sería una pérdida de tiempo mientras el país enfrenta otros desafíos, pero sus oponentes han dicho que procederán para fomentar la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
Marcos y Duterte ganaron victorias aplastantes como compañeros de fórmula en las elecciones de 2022, pero desde entonces han tenido diferencias importantes. Las dos oficinas se eligen por separado en Filipinas, lo que ha resultado en rivales que ocupaban los principales puestos políticos del país.
AP
Por: Itzel Olivo
