Por Raúl Germán Bautista.- El Ministerio Público ponderó la decisión de la magistrada Fátima Veloz, que impuso como medida de coerción a los implicados en el caso Pandora, consistente en prisión preventiva, arresto domiciliario y garantía económica.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que conoció la medida de coerción, consideró como suficientes y suficientemente sustentadas las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
“Lo primero es que estamos satisfechos con la decisión del Tribunal y la forma cómo el Tribunal ha valorado la gravedad de los hechos de este proceso, de las 10 personas físicas imputadas y una persona moral”, expresó Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca).
Agregó que el Tribunal impuso prisión preventiva a siete de los implicados, arresto domiciliario a otra persona, que fue, incluso, solicitado por el Ministerio Público.
“También, impuso a otros dos, garantía económica, a una de tres millones de pesos, que es Víctor Santos, y a Ángel Gómez una garantía económica de dos millones, además de impedimento de salida y visita periódica. Al resto, evidentemente, les impuso prisión preventiva”, dijo Camacho.
También estuvo en el conocimiento de la medida de coerción Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público.
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OPERACIÓN PANDORA.-
Recientemente, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora, contra una supuesta red criminal, compuesta por agentes de la Policía Nacional, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas de dicha institución. Esta red sustrajo más de 900,000 proyectiles.
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada.
Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
En la ejecución de la Operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
