Un grupo de magistrados y fiscales españoles jubilados presentaron una querella contra el rey Juan Carlos I, anterior jefe del Estado español, por delitos contra la Hacienda Pública que podrían haberse cometido en las declaraciones tributarias correspondientes a los años comprendidos entre el 2014 y el 2018.
La querella, se interpone ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por considerar que existen elementos suficientes para constatar la existencia de delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018, cuando ya no era Jefe del Estado.
Los hechos denunciados se habrían cometido, presuntamente, después de la abdicación de Juan Carlos I en 2014 a favor de su hijo, el actual monarca Felipe VI, lo que supone la pérdida de la de inviolabilidad que le han otorgado los tribunales españoles al interpretar el texto constitucional, que dice que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
Hasta ahora, Juan Carlos I, de 86 años, que en 2020 trasladó su residencia a Abu Dabi tras el escándalo al conocerse que tenía parte de su patrimonio en el extranjero, ha visto cómo la Fiscalía ha archivado las investigaciones que abrieron contra él por sus negocios fuera de España, bien al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.
Además, el anterior Jefe del Estado ha realizado regularizaciones fiscales, al no haber declarado a la Hacienda correctamente su patrimonio.
El objeto de la querella que se conoció hoy se centra en la existencia de cinco delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I al estimar que los efectos de la regularización de la situación tributaria que se realizó en 2021 se han aplicado indebidamente.
“Con todo el respeto que nos merece la institución de la Fiscalía General del Estado, en la que está integrada la Fiscalía del Tribunal Supremo, disentimos de su dictamen que considera que la regularización se efectuó correctamente”, señalan.
Recuerda que en el sistema procesal, la opinión del Ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular.
“Los órganos judiciales son los únicos competentes para determinar, con carácter definitivo, si la regularización es correcta o, por el contrario, como sostenemos, no se ha ajustado a la legalidad”.
Consideran que la regularización de más de 600.000 euros en un primer momento y posteriormente de otros 4,4 millones de euros no debió permitirse porque el rey emérito había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento.
Entre los querellantes figuran José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Tribunal Supremo, y fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.
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Por: Itzel Olivo
