Por Raúl Germán Bautista.- La República Dominica aprobó, en el año 2017, una ley para tratar de resolver todos los asuntos vinculados al tránsito, una materia en la cual los números están en rojo.
Al recorrer cualquier vía del Gran Santo Domingo se puede observar que los conductores se parquean de forma incorrecta, generando perturbaciones en el tránsito y calamidades a los transeúntes.
Desde vehículos encima de las aceras, parqueados debajo de los letreros que prohíben estacionarse, colocados de forma paralela, encima de las líneas amarillas y de las franjas blanca, y hasta en los espacios de las paradas del transporte público.
Dary Terrero, comunicador, profesor y especialista en la Ley número 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, explica lo siguiente: “En Santo Domingo, sobre todo, hay un gran problema, no solo por la falta de parqueos, sino por la falta de cultura y de el irrespeto a la ley”.
Añadió que la Ley 63-17, en el artículo 137, establece los lugares en donde está prohibido parquearse, y el primero es encima de la acera.
“Es una práctica que uno la ve de manera muy común en la República Dominicana, lo que constituye un irrespeto al peatón, que es quien tiene la prioridad para usar estos espacios públicos”, declaró.
Terrero agregó que el peatón, en Santo Domingo, es irrespetado totalmente, porque las calles no son amigables, ya que están estructuradas para vehículos.
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La Ley 63-17 tiene por objeto regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana y establecer las instituciones responsables de planificar y ejecutar dichas actividades, así como la normativa a tal efecto.
MOVILIDAD URBANA Y ACCESIBILIDAD.-
El sistema de transporte terrestre responderá a un modelo integral de transporte sostenible, que garantice la movilidad y la accesibilidad de las personas y el flujo adecuado de los bienes de forma equitativa.
En este sentido, la inversión pública del Estado no se limitará solamente a la construcción de nuevas estructuras viales, sino también mejorará el mantenimiento, conservación y el uso eficiente de las existentes.
Se propiciará la incorporación de modos alternativos de transporte terrestre que coadyuven a una distribución más equilibrada del patrimonio y a frenar el deterioro progresivo del medioambiente.
SEGURIDAD VIAL.-
El Estado orientará sus acciones para garantizar la seguridad vial de todas las personas que decidan desplazarse en los medios y modalidades de transporte terrestres disponibles, interviniendo sobre los factores de riesgo y atendiendo de forma especial a los grupos de riesgo y usuarios vulnerables.
COMPROMISO SOCIAL.-
El Estado promoverá el cambio social de la población para obtener el compromiso con la seguridad vial y la movilidad sostenible; para lo cual involucrará a los ciudadanos y a todos los agentes sociales e instituciones.
Adicionalmente, fomentará el adecuado conocimiento de esta ley y sus reglamentos, mediante la orientación y su correspondiente difusión pública.
“Incluso, las autoridades no le dan el respeto y el valor al peatón, en torno a garantizar que sus espacios no sean utilizados por los vehículos. Aquí es bueno hacerles un llamado a los alcaldes, a propósito de lo ocurrido con el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, que quiso imponer multas de tránsito, lo cual no es su atribución”, continuó diciendo Terrero.
Explicó que lo que sí pudiese ser una atribución de las alcaldías es regular los espacios públicos, que sí son las aceras, e imponer multas a conductores.
“No son multas de tránsito, por el uso de la acera para otros propósitos que no sea lo del peatón. Para uso de los parques, para uso de las áreas verdes; ahí si los alcaldes deben de jugar su rol, no solo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) imponiendo multas, sino las alcaldías, garantizando los espacios a los transeúntes y peatones que, ciertamente, han perdido la batalla en la ciudad”, sostuvo.
Explicó que estas son las razones por la cual los dominicanos no caminan, no usan sus espacios públicos, porque están siendo invadidos por los vehículos.
“Hay zonas específicas, en Santo Domingo, sobre todo la zona del Centro de los Héroes, donde hay una gran cantidad de oficinas públicas y estatales: El Senado, la Cámara de Diputados, la Alcaldía del Distrito Nacional, la Suprema Corte de Justicia, donde se nota, frecuentemente, el irrespeto al espacio público del peatón, que es la acera”, concluyó.