El caso Operación Nido, que involucra una red de estafas encabezada por Enmanuel Rivera Ledesma, vuelve a estar bajo la lupa con dos nuevas audiencias previstas en los próximos días. El proceso, que lleva un año en los tribunales, ha generado indignación tras recientes decisiones judiciales que, según denunciantes, favorecen a los acusados y debilitan la confianza en el sistema de justicia.
El Tribunal de Apelación, compuesto por las juezas Doris Pujols, Daysi Montás e Ingrid Fernández, decidió variar la medida de coerción del imputado Rivera Pichardo, hijo mayor del principal acusado, permitiéndole libertad con presentación periódica. Esta decisión ha sido señalada como inconsistente, con argumentos débiles y una falta de rigor que, según las denuncias, beneficia directamente a la red de implicados en este caso.
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Señalamientos de complicidad y conflictos de interés
Además de las criticas, han surgido graves denuncias que apuntan a posibles conflictos de interés en el proceso. Entre ellas, se destaca que Miguel Ángel Díaz Villalona, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, es esposo de la abogada Emery Colomby, lo que ha levantado suspicacias sobre la influencia que podría ejercer en el caso.
En ese mismo tenor, el Sr. Erick Joan Dorrejo Medina, actual Director de Planificación y Desarrollo Fronterizo en el Ministerio de Economía, ha sido señalado por mantener vínculos económicos con Enmanuel Rivera Ledesma. Según las acusaciones, Dorrejo Medina habría retenido fondos pertenecientes a las víctimas del esquema de estafas.
Exigen acciones concretas y mayor transparencia
Ante estos hechos, se ha intensificado el clamor para que las autoridades intervengan con firmeza. Las denuncias también incluyen la falta de claridad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), a quien se le exige la publicación de un informe detallado sobre los bienes confiscados en la investigación.
Enmanuel Rivera Ledesma afirmó en una audiencia previa que la PGR tiene en su poder propiedades valoradas en cerca de 20 millones de dólares, un dato que acrecienta la preocupación por la opacidad en la gestión de los activos decomisados.
Mientras se acercan las festividades de fin de año, las denuncias advierten sobre el riesgo de que otros miembros de la familia de Rivera Ledesma, incluyendo su esposa e hija, también reciban medidas que les permitan eludir la prisión preventiva.
Por: Itzel Olivo
