La justicia impuso garantía económica y presentación periódica como medidas de coerción a la empresaria Judith Santana de Castillo, arrestada durante los allanamientos a propiedades de la red de narcotráfico, lavado y tenencia ilegal de armas desmantelada en julio pasado con la operación RANA (Red de la provincia La Altagracia de Narcóticos).
Según informó este miércoles la Procuraduría General de la República, tras acoger la solicitud de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, la jueza Francis Reyes impuso a la imputada una garantía económica de 10,000 pesos y la presentación periódica ante la Fiscalía de La Altagracia.
A Santana de Castillo, socia del Motopréstamo Ricardo SRL, se le ocupó una pistola, calibre 9 milímetros, un arma perteneciente a un exconvicto por narcotráfico según los registros policiales, durante un allanamiento a ese negocio por su vinculación en la investigación financiera.
En la operación RANA, se incautaron y allanaron propiedades relacionadas a Rigoberto Castillo Santana, quien, conjuntamente con José Padua Castillo y Robert Montás Ruiz, fue detenido en flagrante delito, y guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-Anamuya), del municipio de Higüey.
Sus arrestos tuvieron lugar el 18 de julio pasado en la carretera Bayahibe-Dominicus, próximo al parque nacional Cotubanamá del distrito municipal de Bayahibe, en el municipio de San Rafael del Yuma, tras ocuparse 6 kilogramos de cocaína clrohidratada.
