Un tribunal peruano condenó el lunes a 20 años y seis meses de prisión por colusión, un tipo de corrupción, y lavado de activos al expresidente peruano Alejandro Toledo por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de adjudicar la construcción de un tramo de la carretera que conectó Brasil con Perú.
La jueza que leyó la sentencia consideró a Toledo como el cargo más alto involucrado y que se cumplieron los supuestos de culpabilidad por ambos delitos. Le impuso, además, tres años de inhabilitación para ejercer cargo público, como pidió la fiscalía.
Toledo es el segundo exmandatario peruano condenado por corrupción, luego de que el recientemente fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) recibiera en 2009 tres sentencias por ese delito, aparte de otra como autor mediato de 25 asesinatos.
La fiscalía acusó al expresidente de recibir 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de adjudicar a la constructora brasileña —señalada por casos similares en varios países de América Latina— una licitación pública para construir 650 kilómetros de la llamada carretera Interoceánica que une Brasil con el sur de Perú. Esa parte de la carretera costaba al inicio 507 millones de dólares, pero Perú terminó pagando 1.255 millones de dólares.
Toledo, que ha negado las acusaciones, cumple prisión preventiva desde abril de 2023.
El expresidente pidió en audiencia el miércoles de la semana pasada a los jueces, en un tiempo que le concedieron para defenderse, que lo dejaran regresar a su casa porque estaba enfermo. Con la voz quebrada y las manos juntas, como si estuviera rezando, aseguró que tenía cáncer, problemas en el corazón y le faltaba poco para cumplir 80 años. “Les pido por favor, déjenme curar o morir en mi casa”, indicó.
Otros tres exmandatarios de Perú fueron implicados en otros casos por irregularidades con Odebrecht, que en 2020 cambió su nombre a Novonor.
Toledo está en prisión preventiva desde que fue extraditado desde Estados Unidos hacia una cárcel capitalina para expresidentes. Fue arrestado en 2019 por el pedido de la justicia peruana. En esa misma cárcel está preso el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), mientras es investigado por el presunto delito de corrupción y rebelión.
El exmandatario vivía en Estados Unidos desde 2016 cuando retornó a la Universidad de Stanford, su alma máter, como profesor visitante para formarse en temas de educación en América Latina.
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Junto a Toledo, otros dos expresidentes están investigados o enjuiciados por sus presuntos nexos con Odebrecht. Ollanta Humala (2011-2016) enfrenta un juicio en el que la fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel por lavado de activos y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) está investigado por colusión, con la prohibición de salir del país, además de tener embargada parte de su pensión como expresidente.
El caso más trágico fue el del expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 en su dormitorio minutos antes de que la policía entrara a detenerlo de forma preliminar por 10 días para ser investigado por presuntamente haber recibido un soborno de la compañía brasileña.
Las investigaciones contra la clase política peruana empezaron luego de que en 2016 Odebrecht admitiera ante las autoridades de Estados Unidos que había sobornado a funcionarios importantes en varios países de América Latina, incluido Perú, para obtener ventajosos contratos de infraestructura.
Fuente: AP
