Por Gerolis Lagrange.- La Procuraduría General de la República Dominicana afirma en el documento de solicitud de medida de coerción a los implicados en el caso Camaleón que, la empresa Transcore Latam S.R.L. bajo las directrices de Carlos José Peguero Vargas, Pedro Vinicio Padovani Báez y José Angel Gómez Canaán (Jochí), secuestró la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Transcore Latam, S.RX. realizó la instalación de reguladores con nuevas tecnologías sin consultar al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) limitando así, su acceso a través de diferentes mecanismos, como lo fue el establecimiento de reguladores con nuevas tecnologías y el cambio de los llavines de las cajas de seguridad.
Dichas instalaciones se llevaron a cabo de manera oculta durante las noches, por los equipos de la referida empresa, en el periodo de marzo hasta agosto del año 2024, aumentando de 80 reguladores a 124 e impactando de esta manera la actuación del personal del INTRANT, ya que esto no tenían acceso para hacer las reprogramaciones necesarias, monitoreo y control remoto de la red semafórica para la modificación del orden y planes de tiempo.
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Desde principio del mes de agosto 2024, comenzó a presentarse una intermitencia en los semáforos, causando fallas en la operación de varias intersecciones críticas en periodos pico, siendo impactadas las Av. Núñez de Cáceres y Winston Churchill por completo, en ocasiones estando apagados, incluso se evidencian pérdidas de programación o planes de tiempo de algunas intersecciones. Estas situaciones provocaron que el INTRANT, no pueda dar respuesta a los ciudadanos al momento de reportar avería o pérdida de la programación, ya que el servicio estaba en manos de terceros.
El 21 de agosto del año 2024, se iniciaron los reportes de averías por frizado de semáforos y programación, reportados por la DIGESETT en la avenida 27 de Febrero con Gómez.
Tras una visita técnica realizada por el INTRANT, se detectó que habían cambiado el regulador del semáforo ubicado en la indicada dirección, lo cual fue realizado sin autorización de la entidad estatal. Esto dio lugar a que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), realizara las visitas técnicas de lugar con el objetivo de realizar un levantamiento de la situación. En los días subsiguientes se continuaron reportando averías causando complicaciones en el tránsito y afectando el orden social.
