El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de Defensa Pública realizaron el primer acto nacional de negociación con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad entre estas instituciones, optimizar el proceso penal, acordar sanciones en los casos que corresponde y otros métodos de salidas alternas para acelerar los casos judiciales.
En la actividad participaron los magistrados Fran Soto y María Garabito Ramírez, jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR); Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito.
Por Puerto Rico participaron la jueza Carmen Otero Ferreras, la exfiscal del Departamento Judicial, Ruz Torres Orengo; el director de la Oficina de Asistencia Legal, Harry Santos, quienes explicaron la experiencia con las sanciones acordadas (acuerdos) en su nación, a través del panel “La experiencia de Puerto Rico en las negociaciones y acuerdos en materia penal”.
En el encuentro, los distintos actores establecieron que los acuerdos o negociaciones, no son sinónimo de impunidad, sino, condenas acordadas como justa reparación del daño, siempre a la luz de lo que establece la normativa vigente, que permiten que los casos que ameritan un juicio sean conocidos con la debida calidad.
La magistrada María Garabito, al pronunciar las palabras de bienvenida, ponderó la trascendencia de la actividad que consiste en una propuesta con un enfoque común que incluya la participación de todas las instituciones, con miras a lograr un sistema más justo y equitativo, tomando en cuenta que la justicia no es únicamente una cuestión de leyes y procedimientos, sino también de personas.
“La justicia solo será verdaderamente efectiva si no dejamos a nadie atrás”, afirmó la jueza.
Por su lado, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, afirmó que se busca trazar una política común para aplicar los métodos no adversariales de resolución de conflictos, sin que cada actor deje de cumplir el rol que le corresponde por ley.
“Es un estado de cosas que tenemos la obligación de cambiarlas, por las víctimas, por los imputados, por la sociedad, por el sistema de justicia, hoy venimos aquí con mucha ilusión, con grandes expectativas de que entre todos y todas podamos lograr que República Dominicana se convierta en un modelo para la región de que es posible establecer políticas claras de soluciones alternas al conflicto”, aseguró.
Asimismo, Rodolfo Valentín reveló que con su equipo de coordinadores se ha comprometido a acordar para solucionar los problemas de las partes. “Yo creo mucho en una justicia que restaure, en una justicia que acompañe, en una justicia mucho más humana, en una justicia cercana al ciudadano, y creo que este es el momento”, afirmó.
De su lado, el magistrado Fran Euclides Soto, explicó que los temas pautados con los tres operadores son una tarea ardua, pero alcanzable y les exhortó a mantener la coherencia en la implementación, solución rápida a los problemas, transparencia y rendición de cuentas, adaptación y mejora continua, fortalecer la colaboración interinstitucional y cumplir con los plazos y metas.
“La optimización del proceso penal depende de la consecución de metas claras dentro de los plazos establecidos. Sin un seguimiento constante, el riesgo de retrasos aumenta significativamente, lo que podría afectar el impacto de las propuestas y la confianza del público en el sistema”, aseguró el magistrado Soto.
Mesas de trabajo
Durante el encuentro se conformaron mesas de trabajo de los 11 departamentos y 35 distritos judiciales, en cuyo trabajo fueron identificados y priorizados los tipos penales en los que no hay objeción para la búsqueda de acuerdos y otros métodos de salidas alternas previo al juicio, teniendo en cuenta las particularidades del caso y su complejidad probatoria.
Representantes del Ministerio Público y defensores se comprometieron a implementar acuerdos y otros métodos de salidas alternas, en base a criterios de aplicación objetiva en función de cada tipo penal, posibilitando cierto estándar nacional en cuanto al rango de pena, particularidades de los casos y los distintos escenarios en que se ha producido la infracción, comprometiéndose a su implementación.
Todo alineado al espíritu de la norma resaltando el artículo 2 del Código Procesal Penal y el reglamento núm. 446-23 sobre Mecanismos no adversariales de Resolución de Conflictos, contribuyendo a eficientizar nuestra justicia penal y al fomento de una cultura de paz en la República Dominicana.
El Poder Judicial de RD está inmerso en el Programa de Optimización del Proceso Penal, alineado a su eje estratégico Cero Mora, con el que se busca mejorar la carga de los tribunales, descongestionarlos y darle respuesta oportuna al ciudadano.
