El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez aseguró que es un derecho del Gobierno decidir la permanencia de un ciudadado en estatus ilegal en el país ante la reciente acusación de Amnistía Internacional sobre supuestas violaciones de derechos humanos en el marco de la política migratoria contra personas haitianas por policías y miembros de las fuerzas armadas que asisten a la Dirección General de Migración (DGM) en operativos migratorios.
En ese sentido, Sánchez consideró que en República Dominicana no se persiguen personas por su color, tal y como lo afirma amnistía, que afirma que existe una “necesidad urgente de que las instituciones dominicanas erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial, y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
El legislador manifestó que el organismo internacional debe velar por el respeto a la dignidad de las personas.
“No puedo decir que en República Dominicana se persige ciudadanos por color y mucho menos, es cierto que exita caso de actuaciones por parte de la Migracion haciendo redadas, pienso que esas redadas son incultas, porque se llevan personas simplemente por el color…el derecho que tiene el Goierno de decidir la permanencia de un ciudadano que está ilegal es una atribución del Gobierno”, indicó Gustavo.
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Gobierno rechaza que aplique políticas migratorias racistas
El Gobierno dominicano rechazó que ejecute políticas migratorias racistas, como denunció la víspera la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, dijo en un acto público que el país lo que hace es “defender nuestra soberanía”.
En tanto que, el Defensor del Pueblo salió al frente a la organización Amnistía Internacional, reconociendo que existen áreas que se pueden mejorar en materia de derechos humanos, pero ha dejado claro que su compromiso con los derechos fundamentales “no es negociable” y que República Dominicana es “un país soberano, con una profunda convicción en el respeto a la dignidad y a su Constitución“.
En un comunicado, dice que no aceptará presiones de organismos que no reconozcan los avances del país e invita a Amnistía Internacional a señalar un caso concreto en el que se haya violado los derechos humanos de algún inmigrante, garantizando que dicho caso recibiría “una respuesta responsable, coherente con los principios que han caracterizado la vida y el compromiso con la justicia y la equidad, de su titular y el equipo que conforma este órgano constitucional”.
