A inicios de este año, Emmanuel Rivera Ledesma, fue detenido debido a múltiples acusaciones de estafa inmobiliaria, a través de su empresa IndisArq.
El apresamiento de Rivera, se produjo luego de un reportaje realizado por N Investiga en octubre del 2023, en el que se reveló que el pseudo arquitecto engañaba a sus clientes al no entregar apartamentos de los proyectos que realizaba y sobrevendía los mismos, y que dio origen a la denominada ”Operación Nido”, de la Procuraduría General de la República (PGR).
La referida operación desmanteló una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios.
Actualmente, Rivera Ledesma cumple prisión preventiva, sin embargo, todo parece tener indicios de que aún desde la cárcel, realiza acciones para obstruir el proceso de investigación, según informaciones suministradas por los afectados y sus abogados.
En el caso de la esposa de Emmanuel Rivera, quien también es acusada, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, se le impuso grillete electrónico, pero esto tampoco ha sido un impedimento para interferir en la investigación de las autoridades.
De acuerdo con Jean Cristofer Pérez, abogado que representa a 15 afectados, han continuado operando a pesar del sometimiento, a tal punto de que propiedades como Ruth Tower, que no contaban con el título al momento del sometimiento ya tienen el título de propiedad y pretenden depositarlos al tribunal como un elemento nuevo, para poder lograr esa variación de esa medida de coerción.
Con esto, se refiere a que en medio del proceso legal y, probablemente con el dinero que estafaron, compraron los terrenos, donde fue construido Ruth Tower, de los cuales en octubre pasado, ni Emmanuel Rivera ni IndisArq, tenían el título de propiedad que estaba a nombre de la Compañía Arbaje y Arbaje.
Apartamentos habitados
Pero no se han limitado a esto, debido a que desde hace unos dos meses, hay varios apartamentos habitados, como explicaron Orquídea Ortiz y Jeriffer Díaz Genao, dos afectadas.
La falta de custodia de este edificio, evidencia una debilidad del sistema judicial para preservar el derecho de los querellantes, quienes lamentan que no se cumpliera con el protocolo establecido en estos casos.
Pérez, explicó que lo que establecía el protocolo era que el juez de la instrucción que conoció la medida de coerción también dictara medidas reales sobre esos bienes y que estos fueran incautados y clausurados hasta tanto no se resuelva la situación judicial que involucra a estos apartamentos.
Protesta de los afectados
Debido a esto, los afectados hicieron un encendido de velas en las afueras del edificio.
”Hicimos esa protesta con la intención de que el Ministerio Público incaute esos apartamentos hasta que se termine el proceso, porque los dueños legítimos estamos en la calle”, sostuvo Mario Pérez, uno de los afectados por las estafas de Rivera.
No descartan que se trate de otra estrategia más de las usadas por el clan familiar que encabeza Emmanuel Rivera, quien, como se mostró en reportajes anteriores, ha simulado la entrega de apartamentos.
Ramón Peralta, abogado de otros afectados, indicó que esta táctica podría haberse usado para crear la incertidumbre en los jueces y establecer que él estaba dando cumplimiento o haciendo entrega voluntaria de los inmuebles. Además, sugirió que la PGR debió inmovilizar esos bienes.
El equipo de N Investiga acudió a Ruth Tower y comprobó que, ciertamente, varios de los apartamentos están ocupados.
Al contactar vía telefónica a uno de los residentes, que quiso mantener su identidad oculta y dijo ser presidente de los condominios, alegó que quienes residen en los 6 de 14 apartamentos de Ruth Tower son legítimos propietarios.
También, dijo que desconoce a quienes pertenecen los 14 apartamentos que no están habitados.
De su lado, abogados de los querellantes afirman que ninguno de estos elementos aportados por el presidente de los condóminos justifica la entrega de estos apartamentos.
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Realidad de los querellantes
Con los ojos cargados de lágrimas y la voz entrecortada, Jeriffer Díaz explicó que el último préstamo que adquirió fue de $25,000 para poder enviar el pago, préstamo que hasta la fecha ella y su esposo está pagando.
Entre tanto, Orquídea Ortiz expresó que su sueño era tener un hogar para su bebé y pasar penurias. Sin embargo, es todo lo contrario; sumando a esto que, los gastos legales han sido una locura debido a los costos.
Por otro lado, el clan familiar de Emmanuel Rivera Ledesma, su esposa Escarlet Mercedes Cruz Figueroa e hijo, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, disfrutaban de lujos, dilapidando gran parte de los recursos.
Es por eso que juristas consideran que en el proceso debieron incluir como acusados más personas de su núcleo familiar.
”Hay una persona que supuestamente tenía una relación con el hijo de Emmanuel Rivera Ledesma, esa persona movilizó miles de dólares que fueron transferidos a su cuenta y esa persona no está imputada. La madre del hijo de Rivera tampoco está imputada en este proceso”, alegó el abogado Ramón Peralta.
Peralta, manifestó que la justicia de la República Dominicana debe organizarse en cuanto a los delitos de estafa inmobiliaria.
”Hay legislaciones que para tú ser corredor inmobiliario, y ser vendedor inmobiliario tiene que estar licenciado. Aquí no existe un control, aquí cualquiera hace una torre o vende un proyecto inmobiliario; aquí cualquiera es un corredor inmobiliario y eso no puede seguir” resaltó.
Conformación de una mesa técnica para casos de estafa inmobiliaria
Luego de presentar varios reportajes sobre IndisArq y, ante el auge de las estafas en el sector construcción, en octubre de 2023, el gobierno dispuso la conformación de una mesa técnica para enfrentar los casos de estafas inmobiliarias cuyos avances a casi un año de conformada se desconocen.
GP
