Casi dos semanas después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro reivindicara la reelección para un tercer mandato a pesar de lo que Estados Unidos y otros han considerado como “evidencia abrumadora” de una victoria masiva de la oposición, el futuro de Venezuela y de la política estadounidense hacia el país sigue en el limbo.
La administración de Biden, aunque ha declarado que el candidato de la oposición, Edmundo González, claramente ganó más votos, ha evitado declararlo vencedor. En su lugar, ha solicitado la publicación de todos los resultados oficiales y que Maduro y la oposición negocien una “transición” de poder.
En lugar de tomar la iniciativa para presionar a Maduro a dimitir y amenazar con sanciones y otras represalias si se niega, como lo ha hecho en el pasado, ha depositado sus esperanzas en una tríada de gobiernos latinoamericanos de izquierda para persuadirlo de ceder.
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Hasta ahora, los esfuerzos de los presidentes de México, Colombia y Brasil, todos con relaciones relativamente estables con Maduro, aparentemente han logrado poco.
El fiscal general de Maduro ha iniciado una investigación criminal contra los líderes de la oposición que actualmente están en la clandestinidad, incluido González. A pesar de negarse a publicar los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que según el gobierno Maduro ganó con el 51 por ciento de los votos, el gobierno ha acusado a la oposición de falsificar sus propios resultados a nivel de distrito que muestran a González con más del doble de votos que Maduro.
Maduro ha llamado “terroristas” a los organizadores de la oposición local y ha arrestado a miles en redadas de seguridad desde las elecciones. Ha anulado los pasaportes de activistas y periodistas y ha ordenado a los venezolanos eliminar WhatsApp, una herramienta principal de comunicación de la oposición. El viernes, decretó que la plataforma X, anteriormente Twitter, estaba prohibida por 10 días después de que su propietario, Elon Musk, lo llamara “dictador” y “payaso”.
En medio de reuniones con representantes del gobierno y la oposición, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil han emitido comunicados exhortando al Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro a publicar resultados completos de la votación distrito por distrito y permitir una “verificación imparcial”.
“La comunidad internacional está unida en nuestro llamado a que Maduro y sus representantes publiquen los resultados detallados y no manipulados. A la fecha, no hay evidencia que respalde” la “afirmación de que Maduro ganó” por parte de la comisión electoral, dijo el sábado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett.
“Damos la bienvenida a los compromisos de nuestros socios internacionales que piden transparencia para honrar los votos del pueblo y apoyar un camino pacífico que respete la voluntad del pueblo venezolano. Estados Unidos apoya firmemente estos esfuerzos”, aseguró.
Dos altos funcionarios de la administración, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos, señalaron que la inauguración de un nuevo presidente venezolano no está programada hasta enero, lo que deja tiempo para aumentar la presión sobre Maduro desde el hemisferio y más allá.
Los esfuerzos de Estados Unidos en el pasado, incluida la campaña de “máxima presión” de la administración Trump con sanciones aumentadas sobre Maduro y su gobierno y el reconocimiento del entonces líder de la oposición Juan Guaidó como presidente, hicieron poco para cambiar la situación en Venezuela. El resentimiento histórico del poder estadounidense en el hemisferio creció, junto con el éxodo de millones de refugiados venezolanos.
“Creo que estamos cómodos con la posición que han tomado los tres en este momento”, dijo uno de los altos funcionarios de la administración al definir a México, Colombia y Brasil, todos los cuales aspiran al liderazgo regional. “Todos han dicho que debe haber transparencia en los resultados”, lo cual es requerido bajo la ley electoral venezolana. Su “iniciativa necesita algún tiempo para desarrollarse”.
Los tres, en diversos grados, también son importantes para otros objetivos de Estados Unidos en la región, incluidos el combate al tráfico de drogas y los flujos migratorios, así como frenar la influencia hemisférica de actores autoritarios como Rusia, China e Irán.
“Aunque Estados Unidos, México, Colombia y Brasil pueden tener diferencias en sus opiniones sobre el camino a seguir”, dijo un segundo funcionario de la administración, “permanecemos unidos en pedir transparencia completa y la publicación de los resultados de la votación a nivel de distrito”.
“Lo que queremos hacer es asegurar que Estados Unidos esté trabajando en coordinación con nuestros aliados, en la misma dirección”, dijo este funcionario. “Vamos a tener que ver qué tipo de plan desarrollan [ellos] para entender mejor qué podemos hacer para apoyarlo, si está de acuerdo con nuestros propios objetivos”.
La renuencia de Estados Unidos a intervenir ha generado algunas críticas por parte de legisladores, especialmente de la derecha republicana. En un comunicado el sábado, el senador Marco Rubio (R-Fla.) describió las negociaciones anteriores con Estados Unidos que llevaron a las elecciones como una “farsa”.
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“Las ‘estrategias’ presentadas por esta administración no han hecho más que empoderar al narco-dictador Maduro y sus matones. Es vergonzoso que la administración Biden-Harris no esté dispuesta a declarar la victoria del Presidente electo Edmundo González mientras el régimen ha aumentado la represión”, declaró Rubio. “Cualquier negociación es un salvavidas continuo para el narco-régimen”.
Las conversaciones secretas entre la administración de Biden y el gobierno de Maduro, mediadas el año pasado por Qatar, resultaron en un borrador de acuerdo bilateral para levantar las sanciones impuestas por Trump que, junto con la mala gestión de Maduro en la industria petrolera, han llevado a la economía de Venezuela a estar casi en ruinas. A cambio, entre otras cosas, Maduro prometió elecciones libres y justas y la liberación de prisioneros políticos estadounidenses y venezolanos.
Aunque ese acuerdo nunca se firmó, las negociaciones también condujeron a un acuerdo entre Maduro y una oposición venezolana unida que estableció una fecha para las elecciones del mes pasado. Maduro solo cumplió parcialmente, liberando a algunos prisioneros políticos de la oposición pero arrestando a más. Estableció la fecha del 28 de julio, pero su Corte Suprema prohibió la candidatura de la candidata elegida por la oposición, María Corina Machado.
Las sanciones petroleras y de gas estadounidenses que se habían levantado cuando se anunció la fecha de las elecciones se reimpusieron la primavera pasada después de que Machado fuera inhabilitada. González, un ex diplomático venezolano relativamente desconocido, fue entonces elegido como el candidato suplente de la oposición. Pero la administración dejó la puerta abierta para más flexibilizaciones a medida que se acercaba la votación.
Las encuestas preelectorales y de salida de las urnas indicaron una abrumadora victoria de la oposición. Después de la votación, los observadores del Centro Carter dijeron que la elección fue defectuosa. Los observadores electorales de la oposición reunieron rápidamente los resultados impresos de las máquinas de votación que desde entonces han sido verificados por varios otros gobiernos y organizaciones de noticias.
Algunos expertos regionales han calificado la política de espera y observación de la administración Biden como más realista que una prisa repentina por actuar.
“¿Recreamos nuestra política hacia Cuba y los convertimos en parias, o hacemos lo posible por ayudarlos a encontrar un espacio y moverse en una dirección mejor?”, dijo Caleb McCarry, quien trabajó en la política hacia Cuba durante la administración de George W. Bush. Más de seis décadas de sanciones estadounidenses no han logrado derrocar al gobierno comunista de Cuba.
Nuevas sanciones, incluidas contra Maduro y otros individuos de su gobierno, aún pueden estar en el futuro. Pero por ahora, la administración de Biden se centra, junto con sus aliados, en ofrecer incentivos para que vuelva a la mesa de negociaciones y ofrezca una estrategia de salida. Las posibilidades van desde levantar las acusaciones estadounidenses por narcotráfico contra él y varios de sus compinches a cambio de un paso seguro a un tercer país, o negociar un acuerdo temporal de reparto de poder con la oposición.
Otros países latinoamericanos que han reconocido la victoria de la oposición, liderados por Panamá, están organizando su propio grupo de presión que los funcionarios estadounidenses creen puede ser más efectivo para persuadir a Petro, Lula y López Obrador a tomar una postura más firme.
“Hay muchas conversaciones en el hemisferio entre todos los gobiernos”, dijo el segundo funcionario de la administración. “Todos están hablando a algún nivel sobre cuáles son los siguientes pasos”.
Por parte de la administración, “creemos que la oposición quiere tener un diálogo, y lo apoyamos”, aunque “el lado de Maduro ciertamente está actuando como si no tuviera intención de negociar”.
“Es responsabilidad de todos en el hemisferio dejar claro que nos oponemos” a las acciones de Maduro, “y que en última instancia Maduro debe respetar la voluntad y los votos que emitió el pueblo venezolano”, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller a los periodistas el miércoles.
Aunque se están formando elementos de diálogo en la región y entre las partes involucradas directamente, hay un reconocimiento dentro de la administración de que es inevitable que este sea un participante en cualquier desenlace.
“No voy a entrar en lo que haremos o no haremos”, dijo el primer funcionario de la administración, aunque esta persona y otros dijeron que las posibles acciones estadounidenses eventualmente van desde un regreso a las negociaciones bilaterales con Maduro hasta más sanciones.
Pero las sanciones no van a ser “una bala de plata,” dijo Geoff Ramsey, un investigador senior del Atlantic Council que se enfoca en Venezuela. “Creo que es por eso que Estados Unidos se está enfocando más en zanahorias que en palos en este momento”.
“La situación dentro del régimen [de Maduro] no es del todo buena”, dijo Ramsey. “Hay un conjunto de intereses” que se han beneficiado de los pasos esporádicos hacia el alivio de sanciones que la administración ha tomado “y esas personas se han estado frotando las manos hablando de la reestructuración de la deuda, hablando de la reintegración financiera global de Venezuela, y no quieren volver a los viejos tiempos de aislamiento y presión económica”.
“Esa presión, aunque no ha resultado en ningún tipo de ruptura formal dentro del régimen, y no creo que lo vaya a hacer, creo que está jugando un papel detrás de escena de manera muy silenciosa reduciendo el margen de maniobra de Maduro”, dijo.
Fuente: Infobae
GG
