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Nuevos delitos tipificados no pueden esperar en un Código Penal que se rehúsa a ser aprobado por legisladores, sociedad y Gobierno

Amnistía Internacional censura proyecto del Código Penal dominicano que excluye despenalización del aborto

El Código Penal tiene más de 20 años dando tumbos en el Congreso Nacional, algunas veces aprobado por los diputados y senadores, pero siendo observados por los presidentes de turnos por uno que otro artículo controversial.

En un reportaje de N Investiga, se destaca como con la aprobación reciente del Código Penal por parte del Congreso, nuevos delitos que son un dolor de cabeza para la población, como el intrusismo, las estafas piramidales, los accidentes de tránsito en estado de embriaguez, son fortalecidos con penas de prisión considerables, diferente a como ocurre ahora, además del recrudecimiento en otros como el sicariato, feminicidio, genocidio, daño con ácido del diablo, sobornos, entre otros.

Sin embargo, la inclusión de las tres causales que permiten el aborto han sido el eslabón del que se han agarrado los legisladores y el Gobierno para no aprobar esta pieza, y ahora no ha sido la excepción, pues la reciente aprobación del Código Penal ha encontrado el rechazo en varios grupos progresistas del país por la no inclusión de las causales.

Es decir, delitos cometidos por Elizabeth Silverio, Wilkin Peguero (Mantequilla), Jairo González, Emmanuel Rivera Ledesma, que fueron altamente conocidos, hoy estuvieran enfrentando una pena mucho mayor si el Código es promulgado por el presidente de la República.

Otros adelantos de este nuevo Código Penal son el cúmulo de penas, la tipificación del bullying, los disparos imprudentes en momentos de celebración,  la obstrucción y persecución de ambulancias para beneficiarse de la apertura del paso, el exhibicionismo sexual, figura la sanción con penas grave al acoso agravado y el abandono de una persona adulta que no puede protegerse se penalizará hasta con diez años.

Además, se genera una obligación de denunciar, al conocer un hecho relevante que afecte el patrimonio público.

También se refuerzan derechos que ya han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional, incluyendo tipos especiales para la revisión injustificada de vehículos por la Policía y la prohibición de impedir grabar un arresto.

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