El viernes pasado un comunicador entiendió que tenía una primicia de un documento donde se establece un acuerdo, como lo llamaba él, “de homologación entre el Ministerio Público y un acusado de uno de los casos que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA)“.
Su falta de lectura comprensiva, producida por deficiencias en su desarrollo cognitivo o por algunos intereses particulares tergiversa el supuesto acuerdo del Ministerio Público y uno de los acusados que, por el criterio de oportunidad, pasan de ser acusados a colaboradores de la investigación.
“Nada más hay una víctima, el Estado. Pero señores, ¿cómo vamos a resarcir a esa víctima que es el Estado? Ah, pero de una manera muy buena van a resarcir. Yo le he dicho a ustedes que la cuestión de que hay gente devolviendo miles de millones pesos es un bulto, un engaño, una estafa. ¿Y usted sabe cómo se estableció que ellos van a buscar el grueso del dinero? Busquen el acuerdo de homologación, para que la gente sepa cómo es que se le va a permitir a estas personas resarcir con miles de millones de pesos al Estado dominicano”, dice el comunicador.
Pareciera que es parte de la barra de la defensa de los acusados, no un comentarista imparcial.
Al supuestamente leer el supuesto contrato de homologación, el comunicador dice que “¿Ustedes saben cómo es que ellos lo van a resarcir? Con trabajos del propio Estado. Mírelo aquí, donde lo tengo. No obstante lo anterior, conforme al acuerdo previo entre las partes, el Estado dominicano tendrá la opción de contratar a la empresa (acusada) para que realice obras públicas de interés social a cargo de las sumas comprometidas a pagar, cuyo saldo quedará reducido hasta el monto de las obras públicas contratadas. Es decir, esa gente, los miles de millones de pesos que se dicen que van a devolver, lo van a devolver siendo contratistas privilegiados del Estado. ¿Por qué privilegiados? Porque ya están en ventaja frente a cualquier otro contratista, porque al Estado a quien más le conviene contratar es a ellos, porque ya ellos para devolver parte de lo que le robaron al Estado, el Estado les va a dar obras. Ahora bien, ¿cómo el Ministerio Público puede hacer este compromiso? ¿Tiene capacidad del Ministerio Público de hacer un compromiso como ese sin tener autorización del poder?”.
¿De qué trata el contrato que no leyó el comunicador?
Luego de simplemente leer bien el documento que él debió leer y pareciera que nunca lo hizo, uno puede darse cuenta de que ese documento no es del Ministerio Público. De entrada lo establece porque presenta a quienes lo suscriben. Presenta al abogado notario que está firmando de que ese documento lo rubricaron las personas adecuadas pero él no leyó. Dice que una parte es el Estado dominicano, representado debidamente por sus abogados constituidos y apoderados especiales Jorge Luis Polanco Rodríguez y Claudia Álvarez Troncoso. Y señala como la otra parte la empresa que supuestamente está acusada, debidamente representada por el gerente ingeniero Oscar Antonio Brea Salomón. La Fiscalía no hace acuerdos de recibir cesiones ni deudas, solo incauta. El que está en capacidad de negociar es un representante del Estado encargado precisamente de conseguir los pagos que necesitan para que el Estado de esa forma logre resarcir el fraude que la investigación determinó.
Otro punto, no se trata del caso Calamar, este caso es Medusa, porque se refiere a la supervisión de esta empresa en la construcción de la cárcel. Pero aquí viene el asunto vital. El comunicador interpreta tan mal un párrafo, que desencadena una serie de preocupaciones a la sociedad, embarra a la Procuraduría General de la República sin ningún tipo de rubor y alarma considerablemente a la ciudadanía ante un supuesto trato que había llevado el Ministerio Público, que sería ilegal y bochornoso si era cierto, todo porque esa persona no sabe interpretar lo que lee, porque a esa persona alguien le quiso hacer pasar por un tonto útil y él se dejó ingenuamente.
Este es el análisis del comentarista sobre el párrafo en cuestión que mal interpretó. Parece mentira.
“Ellos van a seguir contratando con el Estado para ellos devolver el dinero que supuestamente le robaron al Estado. Entonces, ¿ustedes no creen que eso es más escandaloso que el supuesto acto de corrupción que se está persiguiendo?”, dijo el comunicador.
Si se verifica el párrafo que encendió las redes, y antes el párrafo anterior, dice que el acuerdo establece las diferentes formas de pago que tendrán efecto a partir del 17 de febrero del 2023. Un segundo pago que se efectuará el 1 de marzo de 2024, un tercer pago de 1 millón de pesos que va a ser efectuado el 1 de marzo del 2025, un cuarto pago de 1 millón de pesos a ser efectuados en fecha 1 de marzo del 2026. El quinto pago de 1 millón de pesos, que será efectuado en 2027.
Y este es el párrafo, como debió ser leído y entendido: No obstante lo anterior, conforme al acuerdo previo entre las partes, el Estado dominicano tendrá la opción de contratar a la empresa en cuestión para que realice obras públicas de interés social, con cargo a las sumas comprometidas a pagar, cuyo saldo quedará reducido hasta el monto de las obras contratadas.
Es como que si una empresa le debe al Estado y el Estado entiende que es más fácil que con servicios pague esa deuda, no que el Estado le va a dar dinero a ellos para que el dinero que ellos invirtieron se les devuelva. Eso significa que una persona que no sabe leer o no sabe interpretar, entendió que el Estado les iba a dar muchísimos contratos para que de esa forma ellos le paguen al Estado.
Las denuncias se investigan
No se sabe si quien le llevó la denuncia no se lo explicó bien, o si fue que él entendió pero no quiso entender. No se sabe cómo es posible que una persona que tiene un micrófono delante de las cámaras pueda agitar así a una ciudadanía porque no sabe leer o interpretar lo que lee.
Si alguien le pasó el papel y él ni siquiera se molestó en leer el papel que él mismo puso en el monitor. Entonces estamos ante un ser irresponsable. Porque las denuncias se investigan.
El licenciado Jorge Luis Polanco, uno de los representantes que tuvo la firma del contrato, dijo que el mismo “fue el resultado de haber interpuesto dentro del caso de Medusa una acción civil, porque esta empresa le dio servicios de supervisión al contrato que suscribió la Procuraduría General de la República, en el caso de la construcción de la Cárcel de las Parras. Esa empresa es importante que tú sepas que no fue objeto de acusación por parte del Ministerio Público. Es decir, que contra esa empresa no existía ningún proceso penal, solamente en materia económica. Y ese acuerdo recoge el balance que se le estaba reclamando a esa empresa y ellos propusieron un plan de pago, el cual fue aceptado. Eso es lo que se recoge exclusivamente en ese documento”.
Polanco sostuvo que “realmente da pena que se haya querido hacer una lectura totalmente inexacta, fuera del sentido real de lo que establece esa cláusula. Yo he llegado a la siguiente reflexión. La lucha contra la impunidad no será libre de ataques de toda índole contra aquellos que le toca esa misión y esa responsabilidad. Vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino, muchas tergiversaciones, muchas falsedades.
La irresponsabilidad de un comunicador puede hacer daño. Con una simple lectura se puede apreciar el error, pero ese error fue rodando y de repente no se sabía qué era lo que se estaba discutiendo.
