El Ministerio Público ha presentado un extenso informe que detalla una serie de presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien enfrenta acusaciones que van desde desfalco y soborno hasta sabotaje tecnológico y lavado de activos.
Entre los señalamientos, destaca la adquisición de tres drones que, según la investigación, nunca fueron destinados a la Procuraduría General ni a centros penitenciarios, como se había justificado. Uno de los dispositivos fue asignado al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y otro habría sido utilizado en una propiedad privada del acusado.
Asimismo, se denunció un esquema de contratación fraudulenta en el que un contrato firmado a nombre de un tercero nunca fue ejecutado, pero los pagos mensuales eran recibidos por el director del Departamento de Tecnología, Javier Alejandro Forteza. Este también estaría vinculado a la venta de acceso a sistemas confidenciales de la Procuraduría.
