Desde que Luis Arce ganó las elecciones y asumió la presidencia en noviembre de 2020 se sabía que no le sería tan fácil dar vuelta la página de la última crisis institucional de Bolivia. No eran pocos los analistas que señalaban que quien se la pondría más difícil no sería la dispersa oposición boliviana ni otros factores de poder sino su propio mentor, el ex presidente Evo Morales, que nunca estuvo dispuesto a ceder un ápice del control sobre su partido, el MAS, ni del poder omnímodo sobre la zona cocalera y otras organizaciones sociales y gremiales que se extienden sobre el territorio boliviano. Y así fue.
Los más de tres años del actual gobierno del MAS estuvieron marcados por dificultades económicas, alzas de precios, una creciente escasez de combustibles, pero sobre todo por una feroz guerra de poder entre Arce y Morales que se han dicho públicamente de todo. La feroz interna se tornó dramática desde que el Tribunal Constitucional dictaminó que Morales no puede presentarse como candidato a presidente en 2025. Morales ya fue jefe de Estado durante tres períodos y en 2019 se presentó a una nueva reelección vulnerando el texto de la Constitución reformada bajo su gobierno. Los reñidos comicios y las denuncias de fraude llevaron a protestas y enfrentamientos callejeros con decenas de muertos hasta que un Morales abandonado por sus propio gabinete y la central obrera renunció y abandonó el país denunciando un golpe de Estado. Para las nuevas elecciones al años siguiente, bendijo la postulación de su ex ministro de Economía, que triunfó cómodamente. Pero los celos y rencillas por espacios de poder entre los antiguos aliados surgieron desde el comienzo y se fueron profundizando.
A pesar del desgaste de su gobierno, Arce pretende buscar la reelección el año próximo. Morales, en cambio, cree que es momento para su regreso. La lucha es despiadada y la padecen los bolivianos en medio del descalabro de una economía tambaleante, un Parlamento paralizado en medio de refriegas con el Poder Judicial y las protestas crecientes en las calles, que muchos creen fogoneadas por Morales.
Antes esas declaraciones, Morales reclamó que las autoridades desautoricen al militar de inmediato o si no entendería que Arce estaba tramando un “autogolpe” para perpetuarse en el poder. El ex presidente habría recurrido también a sus allegados en el Grupo de Puebla para sumar presión sobre Arce.
En las últimas horas del martes, crecieron los rumores de que la cúpula militar había ordenado el desplazamiento de Zúñiga. Pero éste apareció en la mañana del miércoles en un acto oficial y ya por la tarde lideró el avance de tropas a bordo de tanquetas y vehículos militares sobre la Plaza Murillo, el centro geográfico del poder en La Paz, despertando todas las alarmas. Arce denunció las “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano” y pidió respetar la democracia, mientras Morales convocaba a una movilización popular para impedir el golpe de Estado.
Ya en la Plaza, Zúñiga rechazó el ruego de ministros del gobierno y hasta del propio Arce por deponer su actitud y redobló la apuesta. Tomó el micrófono y delineó su programa de gobierno. Prometió “acabar con la elite política de Evo Morales y Carlos Mesa”, liberar a los “presos políticos” como la ex presidente Jeanine Añez y Carlos Fernando Camacho y aseguró que al Ejército “no le falta cojones para establecer la democracia y velar por el futuro de nuestros niños”.
Un rato después se anunciaba oficialmente su destitución y poco después era arrestado. Pero la crisis política está lejos de cerrarse. Bolivia tambalea una vez más debajo de una despiadada lucha de poder.
