La Procuraduría General de la República dejó claro que no contrata opinadores “para que mientan en su favor, ni manipula la verdad por intereses particulares” ya que sus acusaciones son públicas en la etapa procesal correspondiente y están disponibles en los tribunales para cualquier ciudadano que las quiera leer.
El Ministerio Público aseguró que sin importar las campañas nacionales o internacionales que se pongan en marcha, “por mas lobistas o voces afines que contraten” no se detendrán ni se intimidarán.
La entidad sostiene que escudarse en un micrófono para atribuirle pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva.
Al reconocer el derecho ciudadano a cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar las actuaciones que realiza esa institución, especialmente cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales.
Indican que pretender que PGR le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad a miembros del nivel medio de una estructura criminal cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano que tome las decisiones mas fáciles y se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo históricamente disfrutando.