La directora de la Dirección General de Pasaportes, Digna Reynoso reveló este martes que se estima que el primer pasaporte electrónico será emitido en febrero del 2025.
Al ser abordada por la prensa, Reynoso señaló que esto conllevará una inversión de aproxiamdamente 10 mil millones de pesos.
“En febrero queremos emitir el primer pasaporte, recuerden que es un proceso, que es un cambio total de toda la infraestructura a nivel tecnológico y a nivel de todos los procesos”, sostuvo Digna Reynoso.
Además, Reynoso explicó que actualmente se está emitiendo pasaportes cuatro veces más de lo que 4 años atrás se hacían, considerando que esto provoca que la infraestructura colapse.
En tanto que Venancio Alcántara, director de la Dirección General de Migración, valoró esta iniciativa como “un paso de avance”, ya que a su entender agilizará todos los procesos en las entradas y salidas del país.
Alcántara puntualizó que los beneficios del pasaporte electrónico es la posibilidad de que el ciudadano tenga un documento más seguro, facilidad de identificar cuando este presente fallas, además de viabilizar el proceso en los aeropuertos.
“La importancia del nuevo pasaporte, primero va agilizar todos los procesos en las diferentes entradas y salida del país, el ciudadano tendrá un documento más seguro, será más fácil de identificar cuando el documento tenga cualquier falla… viabilizará el proceso en los diferentes aeropuerto y esto es un paso de avance en el país”, indicó Alcántara.
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Gobierno declara de seguridad nacional licitación para emisión de pasaporte electrónico
Se recuerda que en julio del año pasado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que declaraba de seguridad nacional contratación del diseño, suministro de libretas, equipamiento y mantenimiento de los sistemas tecnológicos para emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana.
Los pasaportes electrónicos tienen el objetivo de mejorar la seguridad en este documento de viaje, así como su expedición y el manejo de la identidad.
En el decreto se establece una duración de un año, a partir de su entrada en vigencia, para esta declaración de seguridad y se califica como “reservada”, toda información referente a las contrataciones realizadas.
