Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por “la falta de transparencia” en relación con el establecimiento de salvaguardias de derechos humanos para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, cuyo despliegue se espera en las próximas semanas, y pide que estos se respeten.
En un comunicado, la organización indicó que “es imperativo garantizar que cualquier acción realizada por esta misión multinacional liderada por Kenia y respaldada por Estados Unidos y otros países se ajuste estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos, como establece el Consejo de Seguridad de la ONU“.
“Un traspié a este respecto resultaría devastador para los derechos del pueblo haitiano”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Piquer subrayó que las anteriores misiones de seguridad extranjera o multinacional en Haití “estuvieron empañadas por violaciones generalizadas de derechos humanos e impunidad desenfrenada”, por lo que se deben adoptar todas las medidas necesarias, antes y durante toda la duración de cualquier despliegue en Haití para evitar que la historia se repita.
De acuerdo con AI, pese a los claros requisitos establecidos en la resolución 2699 (2023) del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza la participación de Estados miembros de la ONU en la misión y garantiza el más alto grado de transparencia, se sigue careciendo de información pública detallada sobre las normas, procedimientos, estructura y mecanismos de rendición de cuentas para ésta.
“Además de someterse a procedimientos de verificación de antecedentes, el personal de la misión debería recibir una formación exhaustiva, antes y durante el despliegue, sobre principios básicos de la ONU, derecho de los derechos humanos, prevención de explotación y abusos sexuales, protección de la población civil y de la infancia”, agregó Piquer.
Para AI, es esencial el establecimiento de un mecanismo independiente para recibir denuncias, investigar todas las relativas a violaciones de derechos humanos, decidir sobre la reparación y remitir casos individuales ante un tribunal ordinario haitiano o cualquier jurisdicción de un país que proporcione personal para que se investigue y, cuando proceda, se enjuicie.
Por último, Amnistía Internacional consideró que es fundamental la participación de las organizaciones haitianas en el proceso, incluidas las organizaciones feministas.
La memoria colectiva y el conocimiento de la sociedad civil de una serie de acciones que a menudo dieron lugar a abusos y otras irregularidades deben tenerse en cuenta durante todo el proceso de definición e implementación de las salvaguardias de derechos humanos, apuntó.
Haití está sumida en una crisis sociopolítica sin precedentes, agravada por el terror que imponen las bandas armadas.
El año pasado, 8.000 personas fueron víctimas de la violencia en este país caribeño, una inseguridad que ha aumentado todavía más desde finales de febrero.
