Siguiendo la estela de Texas y Florida, varios estados impulsan leyes y medidas antimigrantes en Estados Unidos, donde la migración es un tema clave de la campaña presidencial para los comicios de noviembre.
“Ha habido una tendencia creciente a que las asambleas legislativas estatales presenten y aprueben proyectos de ley sobre temas relacionados con la migración, poniendo a prueba los límites de hasta dónde pueden llegar” respecto a la legislación federal, explicó a la AFP Colleen Putzel-Kavanaugh, analista del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.
Estos proyectos de ley “cubren en términos generales dos temas: el trabajo y el papel de las agencias locales de aplicación de la ley”, añade la experta.
Como ha sucedido con la legislación de Texas y de Florida, muchas de estas medidas podrían acabar en los tribunales.
A continuación, exponemos los principales estados con políticas migratorias draconianas.
– Texas –
El gobernador republicano Greg Abbott, un gran admirador de Donald Trump, candidato a los comicios de noviembre contra el presidente demócrata Joe Biden, ha promulgado una ley que una corte de apelaciones mantiene en suspenso.
El texto permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen ilegalmente a este estado sureño desde México.
La ley, conocida como SB4, también prevé penas de hasta 20 años de prisión para los migrantes que crucen la frontera ilegalmente tras haber sido expulsados.
– Florida –
El gobernador republicano Ron DeSantis promulgó una legislación con medidas estrictas: todo aquel que transporte a una persona que haya entrado ilegalmente se arriesga a cinco años de prisión y a una multa.
Además, exige a las empresas pequeñas que verifiquen el estado migratorio de sus empleados.
Entre otras restricciones, la ley, que entró en vigor en 2023, establece que las licencias de conducir de otros estados pierden validez en Florida (sur) si el migrante se halla de forma ilegal en el país.
– Iowa –
La gobernadora republicana Kim Reynolds firmó una ley en virtud de la cual un migrante se expone a hasta dos años de cárcel si se demuestra que ha entrado ilegalmente a este estado del centro de Estados Unidos.
Está previsto que entre en vigor el 1 de julio.
– Alabama –
En Alabama, en el sureste de Estados Unidos, un proyecto de ley presentado permitiría a la policía local realizar arrestos o investigaciones basadas en el estatus migratorio de una persona.
– Virginia Occidental –
Un proyecto de ley presentado en este estado del noreste exige que los empleadores con más de 15 trabajadores utilicen el sistema E-Verify, un mecanismo administrado a nivel federal que verifica que la persona está autorizada a trabajar.
Actualmente, algunos empleadores ya exigen E-Verify y este proyecto de ley extendería el requisito a un mayor número de empresas en todo el estado.
– Georgia –
Georgia, en el sureste, aprobó recientemente un proyecto de ley que exige que las autoridades locales y estatales verifiquen el estatus migratorio de las personas arrestadas y de aquellas que se encuentran detenidas, o si existe una “causa probable” de que hayan cometido un delito.
– Oklahoma –
Este estado del centro-sur ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de “ocupación inadmisible”, el cual permite a las autoridades locales y estatales arrestar a una persona sin la documentación necesaria para vivir en el país. Se expone a penas de prisión.
– Tennessee –
En este estado del centro-sureste se aprobó recientemente un proyecto de ley que exige que las autoridades locales y estatales transmitan información a las federales si descubren que un ciudadano se halla en el país de forma ilegal y que ayuden a detenerlo y deportarlo.
– New Hampshire –
Existe un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de este estado del noreste que fue aprobado por el Senado y que proporcionaría exenciones fiscales a los propietarios de tierras para que coloquen carteles de prohibido violar la propiedad privada.
Esto permite a las autoridades estatales arrestar a los migrantes que cruzan desde Canadá por cargos de violación de propiedad privada.
Fuente: AFP
